La Xunta reconoce que no cometió ningún delito la vecina de Vilaboa a la que acusaba de construir su casa ilegalmente
Por Oskar Viéitez
El juzgado de lo Penal número 2 de Pontevedra ha dejado visto para sentencia el juicio contra la vecina de Vilaboa, Esther Mariño, acusada de haber cometido un supuesto delito urbanístico, en relación a la construcción de una vivienda, en el lugar de especial protección en A Graña. Se enfrentaba a la demolición de la vivienda, una pena de dos años de cárcel y multa, previsiblemente, ahora será absuelta.
Durante la vista oral las técnicas de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) admitieron que pasaron por alto unas imágenes de la Xunta de Galicia tomadas en el año 2008 en las que se demuestra la existencia de la vivienda en litigio lo que supone la prescripción del delito.
El expediente abierto por la APLU se sostenía en la inexistencia de pruebas para demostrar que allí existía una vivienda con anterioridad a esa fecha. Fue el propio magistrado Miguel Aramburu quien al comprobar la ortofoto de la Xunta constató que había una edificación que estaba terminada en el año 2008, tan y como alegaba la defensa apoyado en pruebas físicas y en numerosos testimonios de vecinos.
En base a esas fotografías el juez señaló que el delito está prescrito y por ese motivo se renunció al resto de las pruebas por parte del abogado de la acusada. En su declaración las técnicas de la APLU también reconocieron que el terreno en el que se encuentra esta vivienda de tres plantas, ya no es una zona perteneciese en su momento a la Red Natura de especial protección ambiental, ya que se modificó en el año 2015.
El abogado de la defensa, José Luis Pena, interpreta que entonces en el momento en el que el juez se da cuenta de que lo que argumenta la acusada es cierto trata de "evitar padecer a pena de banquiño" ya que además de la demolición de la vivienda esta mujer se enfrenta a una condena de 2 años de prisión y una multa de 6.480 euros.
"Coas probas que hai", y teniendo en cuenta el reconocimiento de la existencia previa de la vivienda por parte de la técnica de la APLU, apunta este letrado que "confío que a sentenza sexa absolutoria" por la prescripción del delito, ya que la casa estaría hecha con anterioridad "e non se cometería ningunha ilegalidade ao reformala".
"Parece que o sentido común ponderou", ha expresado la vecina acusada.
"É un trago difícil ser acusada dun delito que non cometiches", ha afirmado Esther Mariño
"É un trago difícil ser acusada dun delito que non cometiches", ha afirmado Esther Mariño. "Creo que non se está tendo en conta que este tipo de situacións derivan de que o sistema urbanístico neste país é un caos", ha añadido. "Espero que a administración sexa coherente e aplique o sentido común no resto de xuízos que están pendentes", afirmó en referencia al resto de vecinas que se encuentran en la misma situación.
Citado como testigo en este juicio también acudió el alcalde de Vilaboa, José Luis Poceiro y ediles de la corporación, además de técnicos municipales aunque no fue necesaria su declaración.
A la salida del juzgado, José Luis Poceiro expresó su "satisfacción" por el desarrollo del juicio y trasladó su deseo de que la Xunta apruebe el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vilaboa.