Los juzgados de Pontevedra denegaron 19 órdenes de protección solicitadas por víctimas de violencia de género en 2017
Por Natalia Puga
En el partido judicial de Pontevedra se incoaron entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2017 un total de 28 procedimientos relacionados con órdenes de protección a víctimas de violencia de género, todas ellas tramitadas a petición de la víctima.
Los datos aparecen recogidos en el portal estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y sacan a la luz que de las 28 órdenes tramitadas, 9 se adoptaron, pero las otras 19 fueron denegadas.
Según esos datos, que todavía no están actualizados a 31 de diciembre, todas las órdenes solicitadas se admitieron a trámite y al cierre del tercer trimestre no quedaba ninguna por resolver. Pueden tramitarse a instancia de la propia víctima, la Fiscalía, la Administración, otras personas implicadas en el proceso o de oficio por la autoridad judicial, pero en el caso del partido judicial de Pontevedra todas las solicitó la víctima.
La orden de protección cabe recordar que es, según la ley, una resolución judicial que consagra el "estatuto de protección integral" de las víctimas de violencia doméstica, mediante la adopción, por un mismo órgano jurisdiccional, de medidas cautelares penales y civiles, activando otras medidas de asistencia social.
Las estadísticas también recogen que en el partido judicial de la capital se recibieron un total de 207 denuncias por casos de violencia de género, de los que tres los presentó directamente en el juzgado la víctima y ninguno sus familiares. El resto llegaron al juzgado a través de órganos policiales, sanitarios o asistenciales.
De esas denuncias presentadas en los nueve primeros meses del año, 178 llegaron a través de atestados policiales, pero tras haberse producido una denuncia de la víctima y cuatro por la misma vía tras la denuncia de un familiar de quien sufrió el episodio de violencia. Otros once casos procedieron de atestados policiales por intervención directa de la Policía Local, la Policía Nacional o la Guardia Civil.
Además, un total de once casos llegaron al juzgado porque la víctima requirió asistencia sanitaria y se produjo un parte de lesiones que se judicializó.
Según esta misma fuente estadística, entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2017 en el sistema de seguimiento integral para víctimas de violencia de género se contabilizaron 506 casos sin riesgo apreciado, 386 con riesgo bajo y 74 con riesgo medio. Hubo en esos once meses dos casos de riesgo alto y ninguno de riesgo extremo. Estos datos son relativos a toda la provincia, pues no aparecen desgranados por partido judicial.