Alfonso Rueda, vicepresidente de la Xunta de Galicia, ha anunciado este martes en Pontevedra que la administración autonómica está ultimando el proyecto de reforma del puente de A Barca con el que se quiere garantizar la seguridad de la estructura. El representante del gobierno gallego ha señalado que se reforzará la seguridad, sobre todo, para los peatones en un proyecto que todavía no está finalizado pero que contará con una importante inversión.
Entre otras actuaciones se repararán las cubiertas que están en mal estado. Rueda indicó que la Xunta hablará con los alcaldes de Poio y de Pontevedra para ver qué alternativas se aplicarán a los sentidos de tráfico. La idea, según explicó por parte de la administración autonómica, es mantener la doble circulación pero "todo se pode falar".
El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, señaló que es necesario intervenir en esta infraestructura porque resulta peligrosa como pasarela peatonal. Indicó que entre el núcleo de Poio y Pontevedra hay un tráfico peatonal y ciclista importante, que tiene prioridad. Indicó que la propuesta del Concello de Pontevedra es la de establecer un sentido único pero recordó que se trata de una decisión que deben adoptar los dos ayuntamientos.
EDIFICIO DE BENITO CORBAL
Alfonso Rueda apuntó que en breve se presentará el proyecto de reforma de la antigua delegación de la Xunta de Galicia, en Benito Corbal. El vicepresidente autonómico afirmó que se produjo un retraso por condicionantes técnicos pero ya se encuentra a punto para su presentación y llevar a cabo su licitación en breve plazo de tiempo.
ELNOSA
Rueda también se refirió a la situación de Elnosa y a la concesión de la autorización ambiental integrada (AAI). Aclaró que si se cumplen las condiciones legales, la Xunta otorgará esta autorización pero antes, apuntó el vicepresidente, es necesario conocer la opinión de las otras administraciones.
Afirmó que la oposición del Concello de Pontevedra ya era conocida pero todavía no se sabe qué postura va a adoptar el Estado respecto a la continuidad de la fábrica en domnio público. Por este motivo, explicó que no tendría sentido tomar decisiones sobre la autorización ambiental integrada que después no tendrían consecuencias prácticas.