Aplazan cinco meses un juicio contra veinte acusados de estafa a compañías de seguros
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
La Audiencia Provincial de Pontevedra tendrá que celebrar dentro de cinco meses, el próximo 19 de febrero de 2018, un juicio por estafa previsto inicialmente para esta semana. El presidente del tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia que debía juzgar a los 20 acusados se encuentra de vacaciones y no hay sustituto, de modo que no pudo conformarse la sala y el juicio no pudo celebrarse.
El juicio sentará en el banquilo de los acusados a veinte personas por participar en una presunta estafa continuada a aseguradoras a través de partes fraudulentos de accidentes de tráfico en distintos puntos de Pontevedra su área de influencia. El fiscal pide penas que suman 45 años e indemnizaciones para todos ellos, que deberán pagar a las compañías de seguros.
Fuentes judiciales han indicado que hace ya días que se sabía que no se podría celebrar porque el magistrado estaría de vacaciones y por "otra serie de motivos", pero de todas formas los veinte acusados, sus abogados y las acusaciones personadas en esta causa fueron citadas igualmente para este lunes, día previsto para el inicio del juicio. El motivo fue intentar llegar a un acuerdo de conformidad que evitase la celebración de la vista oral.
El fiscal del caso, Jesús Calles, intentó negociar con las partes, pero sin éxito. Las partes estuvieron en la sala de vistas de la Sección Segunda de la Audiencia y finalmente la abandonaron sin haber alcanzado un acuerdo. De todas formas, no se descarta que se llegue a esos acuerdos antes del 19 de febrero y en los próximos meses se celebrarán nuevas reuniones entre la Fiscalía y las partes para intentarlo.
El fiscal sí llegó a acuerdo con algunos acusados, pero el acuerdo de conformidad se atasca en lo relativo a la responsabilidad civil, siendo especialmente complicadas las negociaciones entre los veinte acusados y las compañías aseguradoras sobre el importe que deberán pagarle por haberlas estafado.
Las estafas que se juzgarán son variadas. En algunos casos, las compañías aseguradoras llegaron a pagarle dinero a los acusados por presuntos accidentes que finalmente se demostró que no se habían producido. En otros, no llegó a pagar al dudar ya de las circunstancias de la incidencia en el momento en el que se denunció.
Varios de los casos están relacionados con vehículos que el Consorcio de Compensación de Seguros abonó como siniestro total tras las inundaciones ocurridas en la comarca de O Salnés de noviembre del año 2006 y que, posteriormente, los dueños traspasaron a otra persona. Volvieron a contratar una póliza de seguros y supuestamente sufrieron ujn accidente por el que volvieron a reclamar dinero.
A los acusados se les atribuye diferentes delitos, entre ellos, dos delitos continuados de falsedad en documento mercantil en concurso con dos continuados de estafa, seis delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con seis delitos consumados de estafa, tres delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con tres intentados de estafa, dos delitos de simulación de delito en concurso con dos intentados de estafa y un delito de simulación de delito en concurso con otro consumado de estafa. Las penas de prisión van de los dos a los cinco años, en función del caso, y las indemnizaciones varían entre los 1.455,57 euros la más baja y los 34.961,96 euros la más elevada.
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