Las dos demandas presentadas por el PP contra el presupuesto de 2017 siguen su trámite
Por Alejandro Espiño
Dos demandas, una ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pontevedra y otra directamente ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dirimirán la legalidad del presupuesto municipal para 2017, aprobado por la corporación municipal -gracias a la abstención de Marea- tras un largo proceso de tramitación.
Ambas han sido presentadas el pasado mes de mayo por el Partido Popular, que ha optado por judicializar la aprobación de estas cuentas, al entender que se han cometido irregularidades en su aprobación y se ha impedido que se debatiesen las enmiendas de la oposición.
La primera de las demandas, presentada por Jacobo Moreira como portavoz del grupo municipal del PP, pretende que el juzgado declare nula la convocatoria del pleno en el que, el pasado 23 de diciembre, se aprobaron los presupuestos de 2017 y como consecuencia todos los acuerdos adoptados ese día.
En concreto, el PP denuncia que se haya desestimado el recurso presentado por los populares contra la convocatoria del pleno, al entender que se vulneraba la legislación al debatirse únicamente el proyecto de presupuestos del gobierno municipal, excluyendo las enmiendas de la oposición, y vincular su aprobación a una moción de confianza que ya no procedía.
Los populares aseguran que "si ya arbitraria fue" la retirada del presupuesto del pleno anterior, celebrado cuatro días antes, "más lo fue" que no se debatiesen las cuentas con las enmiendas aprobadas en comisión, una situación "del todo anómala y contraria a los más elementales principios y valores democráticos".
El alcalde, según argumenta el PP, "privó de todo valor" el proceso de aprobación de las cuentas municipales, y reitera que no era posible acudir a la moción de confianza al no haber presupuesto previo que no hubiese sido aprobado, no ser ilegales las enmiendas de la oposición y no existir, por lo tanto, una situación de bloqueo.
La demanda concluye que "en modo alguno puede primar la voluntad del alcalde sobre la voluntad de la mayoría del pueblo, manifestada a través de sus legítimos representantes", ya que al incluir en el orden del día del pleno el presupuesto del gobierno municipal sin las enmiendas aprobadas se infringió la propia Constitución española.
Acudir a una moción de confianza, añade el PP, fue para no someter a debate y votación unos presupuestos que el alcalde consideraba "contrarios a su programa político", una maniobra "subjetiva y artificial" que está "del todo alejada" del espíritu de ese trámite y con la que buscaba dar un "amparo legal" a una decisión "que carecía de él".
DEMANDA EN EL TSXG
La segunda demanda ha sido presentada por Jacobo Moreira y Rafael Domínguez y se dirige al TSXG para que resuelva sobre la aprobación de los presupuestos de 2017 y la desestimación de las alegaciones presentadas por el PP, al entender el gobierno que los partidos no pueden acudir a esta opción durante su exposición pública.
Los argumentos que se exponen en este segundo proceso son muy similares a los del proceso que analizará el juzgado de lo contencioso administrativo número 2 de Pontevedra, aunque haciendo un mayor hincapié en que ninguna de las enmiendas presentadas por el PP al presupuesto contenía irregularidades, por lo que deberían haber sido debatidas.
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