¿Qué pasará en Pontevedra con el impuesto de plusvalía?
Por Alejandro Espiño
Hasta ahora los ayuntamientos cobraban la plusvalía municipal -el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana- tanto si la venta de la vivienda o terreno en cuestión generaba una ganancia patrimonial para el vendedor o no-. Pero una sentencia del Tribunal Constitucional amenaza con poner freno a esta práctica.
Y es que actualmente, a la hora de cobrar este impuesto se tenía en cuenta el valor catastral del inmueble y no el precio de mercado, por lo que en la práctica totalidad de los casos la liquidación salía a pagar. Así, son habituales los casos en los que quien pierde dinero, al vender su propiedad más barata de la que la compró, debía pagar también esta plusvalía.
Pero tras analizar el caso concreto de Guipúzcoa, el tribunal concluye que no es constitucional que se pueda cobrar un impuesto por ganar dinero a un contribuyente que, realmente, lo ha perdido.
Tarde o temprano, según apuntan los expertos, esta sentencia -que no tiene un efecto inmediato en el resto de ayuntamientos- afectará de una manera u otra a todos los municipios españoles, entre ellos Pontevedra, que cobran dicho impuesto.
En el caso de la ciudad del Lérez, la administración municipal cobra un 21% de esa plusvalía -el máximo legal está en el 30%-.
Según se refleja en el presupuesto municipal para 2017, aprobado el pasado mes de diciembre, el Concello prevé recaudar por esta vía 975.000 euros este año.
Por ahora, el gobierno municipal tiene vía libre para seguir cobrando este impuesto. Pero en su sentencia, el Tribunal Constitucional recomienda al Gobierno central que reforme la normativa nacional que regula esta cuestión, para evitar la avalancha de recursos y reclamaciones que los afectados puedan presentar por vía administrativa o judicial tras este fallo.
A la espera de conocer los detalles de la sentencia del Constitucional, los contribuyentes que, a pesar de registrar pérdidas, hayan pagado el impuesto de plusvalía, podrán recurrir y exigir la correspondiente devolución a sus ayuntamientos.
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