Jueces, fiscales, abogados y funcionarios salen a la calle: "el problema de la Justicia es un problema de la sociedad"
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Un incremento de la inversión pública en Justicia, la paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la derogación de la ley de tasas judiciales y la Ley Orgánica de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia. Estas cuatro reivindicaciones, todas ellas contra reformas anunciadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han llevado a jueces y fiscales a secundar su primera covocatoria de huelga conjunta y la tercera del sector desde la instauración de la Democracia. Además de parar en su actividad, a las 11.30 horas salieron a la calle en toda España y en el caso de Pontevedra recibieron el apoyo de abogados y funcionarios de Justicia en una concentración conjunta a las puertas de la Audiencia Provincial.
El seguimiento de la huelga ha sido desigual en Pontevedra. Mientras en A Parda obligó a suspender juicios y paralizó 12 de los 23 juzgados, en la Audiencia Provincial tan sólo obligó a suspender vistas previstas en el Juzgado de lo Social, pues otros magistrados que sí secundaron el paro de actividad no tenían señaladas vistas orales para esta jornada. Otras salas como la Sección Primera celebraron juicios señalados desde hace meses, aunque luego su plantilla sí se unió a la concentración celebrada a las puertas del edificio.
"12 de los órganos unipersonales están haciendo huelga, cuatr no lo sé y siete sé que no", indicó el juez decano, Ignacio de Frías. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia indicó que en la provinca secundaron la huelga una sala de la Audiencia en Pontevedra y tres en Vigo, diez juzgados de Pontevedra, ocho de Vigo, uno de Cambados, dos de Cangas, los dos de Marín, uno en Ponteareas, dos en Cangas, dos en Redondela y uno en Tui.
Mientras sus compañeros se iban concentrando a las puertas de la Audiencia, el juez decano mostró una postura muy crítica con las reformas de Gallardón, en especial con el hecho de que desde la protesta de diciembre de 2012 no se ha escuchado al sector, sino que "vamos a peor, no se ve voluntad ninguna".
De Frías añadió que en los juzgados de A Parda "se está notando un descenso de asuntos" desde la entrada en vigor de las nuevas tasas judiciales y criticó que "esa no es la manera de descargarnos de trabajo". "Imposibilitando y dificutando el acceso de los ciudadanos a la Justicia no es la forma de descargarnos de trabajo. Tenemos mucho, pero no estamos de acuerdo en que sea la forma de darle solución", indicó.
Entre los concentrados se encontraron jueces de todos los órdenes jurisdiccionales y funcionarios de juzgados de la Audiencia y A Parda, siendo el colectivo de fiscales el que menos se sumó a la convocatoria. Al respecto, cabe reseñar que la convocatoria de fue secundada por todas las asociaciones de jueces y fiscales excepto las dos mayoritaria, las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Asociación de Fiscales (AF). Si bien estas agrupacioens dejaron a sus afiliados libertad para acudir a las protestas y paros de forma individual y no como asociación.
La concentración contó con el despliegue de pancartas de sindicatos con representación entre el funcionariado de Justicia como CIG, CSIF o CC.OO. y concluyó con la lectura de un manifiesto en el que los convocantes señalaron que "la unidad de hoy viene de saber que el problema no lo es de un colectivo profesional concreto, que el problema de la Justicia es un problema de la sociedad".
Mientras algunos juzgados quedaron vacíos y en A Parda reinaba la tranquilidad, delante de la Audiencia los ánimos estuvieron tranquilos, pero reivindicaticativos, con afirmaciones como que las nuevas tasas judiciales son "absolutamente desproporcionadas e injustas" y que Gallardón promueve reformas en las que "despide sin más a casi mil personas (...) al mismo tiempo que aumenta el drama social de la crisis y continuamos con procedimientos hipotecarios o de desahucio que no dotan de protección a las personas afectadas".
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