Cientos de inmuebles eluden el pago del catastro
Por Alejandro Espiño
Un millón de euros. Es la cantidad que espera recaudar el Concello de Pontevedra durante los dos próximos años con una nueva actualización del catastro. Afecta a las viviendas de nueva construcción que no han sido dadas de alta o a aquellas que han realizado reformas y ampliaciones y que no han sido comunicadas. Pagan, por lo tanto, menos impuestos de lo que deberían, especialmente en relación al IBI.
En un primer barrido, realizado por una empresa contratada a tal fin, el Concello de Pontevedra ha detectado 223 inmuebles en situación irregular. Son edificaciones de las parroquias de Lourizán, Salcedo, Tomeza y Marcón. Pero el gobierno municipal sospecha que, sumando el resto de parroquias y el núcleo urbano, pueden llegar al millar. Mediante un concurso negociado, en el que el Concello invertirá 72.000 euros, se localizarán las restantes.
Entre los inmuebles afectados no sólo hay viviendas particulares. Según el portavoz municipal, Raimundo González, hay empresas y edificios de administraciones públicas que tampoco han regularizado su situación. Entre ellas, destacó los casos de la residencia de la tercera edad de Campolongo, el Pazo Montero Ríos de Lourizán, propiedad de la Diputación, la última ampliación realizada en Montecelo o el centro de salud de Monte Porreiro.
Raimundo González explicó que el gobierno municipal quiere resolver este asunto por un principio de "xustiza distributiva", ya que indicó que "non é xusto que uns paguen máis que outras tendo o mesmo". A pesar de esta irregularidad catastral, el portavoz municipal descartó que, en la mayoría de los casos, haya un interés fraudulento, si no que "máis ben desidia ou pensan que xa o estaban pagando de oficio".
Además, en la Xunta de Goberno, el Concello de Pontevedra solicitó la desafección definitiva de los 3.500 metros cuadrados que ocupa, en terrenos afectados por la Ley de Costas, el colegio público de Ponte Sampaio, "un caso que non se pode comparar ao de ENCE", dijo Raimundo González. Con esta petición, el gobierno municipal pretende que el centro escolar "deixe de estar nunha situación de inseguridade".