La resolución del Gobierno que concede una prórroga a Ence de 60 años para continuar con su actividad en Lourizán no es firme. Así lo indica el escrito en el que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente otorga la nueva concesión a la pastera, que remite a la Audiencia Nacional a todos aquellos interesados en presentar un recurso contra esta decisión.
En concreto, tanto las administraciones públicas como las entidades privadas tendrán un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo contra la resolución que otorga a Ence esta prórroga, que ha de presentarse ante la correspondiente sala de la Audiencia Nacional.
En esta resolución, que tiene fecha del 20 de enero y que ha sido remitida este jueves al Concello de Pontevedra, rechaza todas las alegaciones presentadas por el gobierno municipal contra este expediente y se recogen también las condiciones bajo las que el Gobierno ha decidido prorrogar la permanencia de Ence en Lourizán.
La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, por delegación de la propia ministra Isabel García Tejerina, indica que Ence podrá disponer de una superficie de 373.524 metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre, comprendida entre el ferrocarril de Pontevedra y Marín y la carretera de unión de los puertos de Pontevedra y Marín, en el término municipal de Pontevedra.
El plazo de la concesión será de 60 años, comenzando el día 8 de noviembre de 2013, fecha en la que fue solicitada la prórroga por parte de Ence. Este plazo queda fijado al cumplimiento de las obras comprometidas por la empresa para mejorar la eficiencia energética, ahorro de agua y calidad ambiental, valoradas en 61 millones de euros. Si no se llevan a cabo, el plazo se reducirá automáticamente a 50 años.
Ence tendrá que dar comienzo a esas obras en el plazo máximo de seis meses, debiendo quedar "totalmente terminadas", según recoge la resolución de Medio Ambiente, en el plazo máximo de dos años.
Si Ence no cumple las condiciones fijadas, la concesión caducará y deberá desmantelar todas sus instalaciones industriales y reponer los terreos a su estado original
A cambio de esta concesión, Ence tendrá que abonar anualmente un canon de 1.575.730,13 euros al Tesoro Público por ocupar dichos terrenos, debiendo presentar los correspondientes justificantes de pago en el servicio de Costas en Pontevedra.
CONDICIONES DE LA PRÓRROGA
El Gobierno fija también una serie de condiciones que Ence deberá cumplir obligatoriamente, ya que en el caso contrario se declarará la caducidad de la concesión "con independencia de la tramitación del expediente sancionador que corresponda", debiendo desmantelar todas sus instalaciones industriales y adecuar la parcela donde se hayan ubicado las instalaciones objeto de esta concesión.
Entre ellas, Medio Ambiente recuerda a Ence que deberá cumplir "en todo momento" con lo dispuesto en su autorización ambiental integrada, así como las condiciones que establezcan las futuras normativas tanto nacionales como europeas. Así, la pastera será responsable de los "daños y perjuicios" que puedan causar "directa o indirectamente" las actividades autorizadas.
Además, obligan a la empresa a eliminar las balsas de seguridad y de regulación, realizando un tratamiento de integración en esa zona una vez retiradas "que sea acorde" con las actuaciones de integración paisajística previstas para todo el complejo.
Esta resolución advierte a Ence de que será responsable de los "riesgos y daños" que se pueden producir en los terrenos al ser inundables por su propia naturaleza y que no permitirá "ningún tipo" de vertido, incluido tierras, escombros, materiales o productos generados por las obras tras las que, una vez terminadas, deberá realizar una campaña de limpieza, eliminando la totalidad de restos de los trabajos y materiales empleados en su ejecución.