Meses hace que no se habla en Galicia de los afectados por la comercialización de participaciones preferentes y otros productos financieiros híbridos, pero las plataformas de afectados mantienen que aún quedan muchos ciudadanos que no recuperaron sus ahorros. Marea Pontevedra se hace eco de su situación y este sábado anunció que ha presentado una moción para su debate en el próximo Pleno de la Corporación en la que pretende que el Concello solicite a la Xunta de Galicia y a la entidad bancaria Abanca que hagan público el número de personas afectadas de productos híbridos pendientes de recuperar la totalidad de sus ahorros.
La moción también pide que se le comunique a cada una de esas personas si van a recuperar sus ahorros o se quedarán sin ellos en caso de que no presenten demandas judiciales.
Este texto se presentará en el Pleno del mes de septiembre coincidiendo con el cuarto aniversario de que se que se diese a conocer la situación de miles de preferentistas y tiene el objetivo, entre otros, de denunciar que el proceso de arbitraje puesto en marcha por la Xunta de Galicia "resultó insuficiente, lento, poco transparente y arbitrario", ya que tan sólo tramitaron 20.000 casos en toda Galicia, cuando lo solicitaron 116.660 personas afectadas. Citando a la plataforma de afectados de Pontevedra, indican que de los 1.830 millones de euros retenidos en preferentes y subordinadas, tan sólo se devolvieron 496 millones, es decir, un 27,10%.
Denuncian, al respecto, que la situación es especialmente grave porque la inmensa mayoría de las personas con ahorros atrapados tienen más de 65 años, e incluso hace no pocos menores de edad, personas analfabetas o sin formación ni conocimientos en materia bancaria. Además, en la inmensa mayoría de los casos tenían la totalidad de sus ahorros concentrados en estos productos.
Con esta moción, Marea también pretende que los grupos políticos con representación en la Corporación de Pontevedra acuerden que el Concello demande a la Xunta que haga pública la resolución de la comisión de investigación en el Parlamento de Galicia por el funcionamiento de las desaparecidas cajas, ya que se cumplen dos años desde que se hicieron las comparecencias y aún sigue pendiente el dictamen correspondiente.