Trabajadores de la ONCE protestan por la pasividad de la Administración contra el juego ilegal
Por Oskar Viéitez & Cristina Saiz
Delegados sindicales de la Unión de Trabajadores de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) acudieron este lunes a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra, en protesta por la pasividad de la Administración contra el juego ilegal, que según denuncian "campa a sus anchas en las calles y pone en riesgo el trabajo de los vendedores de la ONCE".
El sindicato lanza la campaña "El juego ilegal NO es un juego", para denunciar que 100.000 ciudadanos son engañados cada día por estas redes de juego ilegal, ante la falta de actuaciones por parte de la Administración.
Los representantes sindicales han entregado un escrito solicitando la "urgente intervención" contra esta "lacra" que afecta a la sociedad, pone en riesgo a los consumidores y está afectando gravemente a la imagen de la ONCE y el futuro de sus más de 20.000 vendedores, todos ellos personas con discapacidad.
Francisco Rey, portavoz del sindicato UTO-UGT, ha explicado que estos trabajadores piden que se cumpla la ley ya que la proliferación del juego ilegal vulnera los derechos de los consumidores al no observarse ninguna regulación ni control de las emisiones y pago de los premios, además de ser ilegal la recaudación por estos juegos de azar.
Según las cifras facilitadas por este sindicato, el juego ilegal recauda más de millón y medio de euros anualmente en Galicia, y más de 80 millones de euros al año en toda España.
Undinero que se reparten entre una veintena de organizaciones, entre la que destaca es la Organización Impulsora de Discapacitados (OID), que se lleva unos 60 millones de euros. Según datos de la Policía, el boleto de la OID supone un 50% del juego ilegal en España.