El fantasma del Madrid Arena genera una alarma social en Vilagarcía
Por Oskar Viéitez
La Federación de Empresarios de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas de Galicia (Fesdiga), calcula que habrá entre 600 y 800 fiestas ilegales de Fin de Año en Galicia, lo que supone un descenso respecto al año anterior, cuando estimaron entre 1.000 y 1.500.
Los responsables del sector ha achacado esta bajada a la crisis, a medidas como la subida del IVA y también a los efectos del caso del Madrid Arena.
Aquella tragedia ha generado una especie de psicosis que en muchas ocasiones encuentra alimento en las redes sociales.
Es lo que ocurre con la fiesta de Fin de Año programada en la Tasca de la Marina, el restaurante del puerto deportivo de Vilagarcía de Arousa. El evento denominado Port Party ha generado una alarma social en Vilagarcía al difundirse un rumor que apuntaba que mil personas iban a participar en la fiesta.
Desde la organización han tratado de "desmentir todos esos rumores de que somos 1000 personas y todo eso, desde un principio se dijo que era aforo limitado".
El problema surgió por la decisión de la organización de numerar las entradas de forma salteada sin un orden "eso hace más difícil falsificarlas porque no sabes que numeros se han vendido y cuales no", además reiteran que el establecimiento tiene "su seguro de responsabilidad, sus porteros, camareras, etc todo en orden".
Finalmente desde Port Party La Tasca recuerdan que tan sólo están autorizados cinco vendedores por lo que insisten en que "debido a que se estan falsificando entradas", es importante que quienes hayan comprado una se dirijan a la persona que se la vendió "para darle el nombre, DNI, y número de entrada. Sin estos datos no podrán acceder a la fiesta".
En total se vendieron 400 entradas a 25 euros cada una, lo que responde al aforo autorizado de la Tasca de la Marina.
Familiares de algunos jóvenes que han anunciado su participación en la fiesta se han dirigido al alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, para mostrarle su preocupación. La organización destaca que, por tratarse de un local de concesión portuaria, la consulta se ha canalizado, precisamente, a través de la Autoridad Portuaria.