Greenpeace acaba de publicar su informe "Crisis a toda costa" en el que analiza los riesgos de todas las Comunidades Autónomas con litoral y en el que concluye que España empezará a perder playas en los próximos diez años por la combinación de las malas prácticas que han "deformado la costa a nuestro antojo" y los efectos del cambio climático.
Según el informe de la organización ecologista "no hay región costera española que no esté expuesta" a los excesos de urbanización e infraestructuras, despilfarro de recursos naturales, construcción de barreras artificiales -desde diques a paseos marítimos-, contaminación y desvío de cauces fluviales, a lo que se suma la turistificación de algunas ciudades.
Respecto a los efectos del cambio climático, cita "la subida del nivel del mar según las previsiones de la NASA", con impactos "muy graves" de aquí a 2030 en la costa de Vilagarcía, A Coruña o Vigo, entre otras localidades donde "el mar se habrá comido más de 40 metros de costa".
También incluye como riesgos el aumento en frecuencia e intensidad de los sucesos meteorológicos extremos, el de temperatura de mares y océanos y la pérdida de oxígeno disuelto en el agua.
Greenpeace destaca la contaminación producida por empresas o explotaciones mineras que pueden afectar el marisqueo y la pesca tradicional tanto en la ría de Muros y Noia como en la de Arousa, además del descenso de salinidad del agua marina, lo que amenaza la supervivencia del percebe, la nécora, el centollo y varias especies de almejas.
"Durante décadas hemos deformado la costa a nuestro antojo, pero eso ya no funciona más. Ya no llegamos a anticiparnos al problema, porque ya está aquí, pero las soluciones tienen que ponerse en marcha con urgencia. Todo retraso resultará en mayores costes económicos y humanos", explica María José Caballero, responsable de Costas en Greenpeace España.
La organización ecologista urge la necesidad de reducir "al menos un 40%" las emisiones de gases de efecto invernadero y apunta a todas las administraciones para que minimicen los daños adoptando medidas que "han de ser locales, porque cada tramo de litoral tiene características propias, deben ser acordadas por las administraciones y participadas por la ciudadanía de forma urgente. Proteger y conservar las playas supondría un beneficio 150 veces superior a dejar que sigan deteriorándose", han manifestado.