"La droga se adueña de las calles de las ciudades ante la falta de agentes para prevenir esta lacra y unidades para investigar esta actividad ilícita". Así se lo ha transmitido este jueves miembros de la Confederación Española de Policía (CEP) de Pontevedra al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada.
Ha sido en un encuentro de carácter institucional en el que los representantes sindicales le trasladaron al subdelegado las problemáticas y necesidades de los agentes destinados en la provincia e informaron de las principales reivindicaciones de la asociación.
Participaron en representación de la CEP el secretario regional, Agustín Vigo, el secretario provincial, Carlos Rodríguez, el secretario de comunicación, Javier Martínez, y el responsable de prevención de riesgos en Galicia, Javier Álvarez.
Agustín Vigo señaló la situación anómala que viven las fuerzas y cuerpos de seguridad en España, "durante 2023 hemos sufrido 16.560 agresiones, o lo que es lo mismo, 46 agresiones diarias, muchas de ellas motivadas por el deterioro de la figura de agente de autoridad, y sin contar su profesión con la calificación de profesión de riesgo".
De ahí que soliciten que se apliquen "con el máximo rigor y dureza posible" las sanciones derivadas de las conductas sancionadas por la Ley de Seguridad Ciudadana.
"No buscamos miedo, buscamos respeto y que toda conducta impropia dirigida hacia un policía sea castigada con dureza, y sabemos del poder educador que tiene el tener que ‘rascarse el bolsillo’ por no cumplir con la legislación", aseguran.
Desde la organización sindical dieron a conocer la "situación real y anómala" por la cual atraviesa el colectivo de policías nacionales en las comisarías de la provincia de Pontevedra, donde "se están dando circunstancias graves y que necesitan de cambios urgentes", apuntando que en las ciudades de la provincia "se está viviendo un aumento de la delincuencia autora de delitos graves y violentos de la que nunca antes tuvieron precedentes".
"Cada día menos coches patrullan las calles de nuestras ciudades, y un motivo de ello es la falta de policías", ha alertado Carlos Rodríguez.
La estadística del Ministerio del interior refleja el aumento de los delitos graves, donde destacan sobremanera los homicidios, delitos contra la libertad sexual y robos, y desde la CEP achacan al aumento de la delincuencia violenta al aumento de la droga en la calle, donde a los consumidores habituales se le han sumado nuevos consumidores, "lo que ha hecho proliferar numerosos puntos de venta de droga en un mercado inundado por la cocaína y heroína, con precios un 33% más bajos que hace 20 años, en el año 97 un kilo de cocaína costaba 30.000 euros y hoy día los delincuentes lo compran por 20.000 euros".
Según han señalado, esto es consecuencia de un déficit de personal policial de un 15% en las comisarías, "hay más policías que nunca, pero estas cifras no son reales, y es que muchos de los agentes que en ellas trabajan han pasado a realizar trabajos administrativos".
A esto se le une que con las mismas plantillas han tenido que hacer frente a nuevas tipologías delictivas, como es el caso de potenciar grupos de investigación contra la delincuencia económica o de robos en domicilios, por la actuación de bandas organizadas, por lo que se han retraído policías de grupos de investigación ya existentes, como es el caso de los grupos de represión del tráfico de drogas.
Han recordado que en la ciudad de Pontevedra hasta hace pocos años había tres grupos de investigación en esta materia y actualmente sólo hay dos.
"Nuestra comunidad padece un aumento a cotas no conocidas del narcotráfico, principal causa del aumento de todos los delitos graves y que financia el terrorismo, trata de seres humanos, tráfico de armas, crimen organizado, y un largo etc. que padecen los ciudadanos de nuestras urbes, nuestras familias y los policías, volviéndose estos últimos la diana de los violentos", denuncia Agustín Vigo.
Por todo ello, solicitan con carácter urgente la adecuación de los catálogos de puestos de trabajo de cada comisaría a la realidad delincuencial actual y al volumen de trabajo de cada plantilla, lo que supondría la catalogación de numerosos puestos de trabajo que se desempeñan y que sobre el papel no existen, y la ampliación de las plantillas de las brigadas de judicial y seguridad ciudadana, para poder hacer frente a las investigaciones que se generen y poder tener en la calle los efectivos policiales necesarios para hacer una labor preventiva real.
Así mismo, remarcan la necesidad de promover la finalización de diferentes proyectos, como son la creación de una Unidad de Prevención y Reacción y la construcción de una nueva comisaría en la ciudad de Pontevedra o la potenciación de los grupos de investigación, entre ellos, los dedicados a luchar contra el narcotráfico.
BOLARDOS
Por otra parte, en este encuentro los representantes del sindicato policial solicitaron que desde la Subdelegación se inste al Ministerio del Interior a elaborar un informe jurídico sobre los bolardos y maceteros instalados en la calles de la ciudad de Pontevedra y si su instalación va contra la legislación vigente por impedir la labor de los servicios de emergencia se inicie cuanto antes el procedimiento judicial adecuado para obligar a su retirada.