Para el Partido Popular, el "decretazo" del alcalde de Pontevedra para aprobar el presupuesto municipal para 2024 sin pasar por el pleno es "antidemocrático". Estudian recurrir ante los tribunales, al entender que podría conllevar que las cuentas sean "nulas de pleno derecho".
La edil Pepa Pardo ha lamentado que el BNG siga siendo "incapaz" de asumir el resultado electoral y trate de solucionar la "debilidad" de su actual gobierno aprobando el presupuesto de este año "por la puerta de atrás" y de manera irregular.
Así ha sido, según Pardo, porque el documento no regresó al pleno después de inadmitir las alegaciones presentadas cuando el alcalde "carece de competencias" para hacerlo, ya que debe ser la corporación "quien las inadmita o las desestime".
La concejala popular sostiene que esta cuestión la regula una sentencia del Tribunal Supremo y hasta tres informes emitidos por la intervención municipal y el órgano de gestión presupuestaria, por lo que ha reiterado que la decisión del alcalde fue "impositiva y arbitraria".
"En una clara muestra de prepotencia y soberbia, Lores firmó el decreto aprobando de manera definitiva los presupuestos por considerar inadmitidas las alegaciones, arrogándose unas competencias que no le corresponden y faltando el respeto a los ciudadanos", ha añadido.
El PP considera "gravísimo" que el presupuesto se haya aprobado por esa vía sin contar con los informes de la secretaría general ni de la asesoría jurídica y basándose únicamente en un documento emitido por el director general de servicios generales.
Este último informe defiende que, dado que los informes de los técnicos municipales relativos a las alegaciones presentadas proponen su inadmisión, los presupuestos deben quedar directamente aprobados sin tener que pasar por el pleno.
Ante esta situación, los populares han reclamado que la secretaría del pleno y la asesoría jurídica dictaminen si, una vez abierto el período de exposición pública de los presupuestos, las alegaciones pueden ser inadmitidas o desestimadas por un órgano distinto al pleno.
En función de las respuestas, el PP estudiará recurrir esta decisión ante los tribunales.