Personas que cursaron estudios superiores fuera de España reclaman la homologación de sus títulos para poder ejercer

Pontevedra
29 de febrero 2024

Representantes del colectivo "Homologación Justa Ya" y de la asociación "Boa Vida" han protagonizado este miércoles una protesta ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para reclamar que los trámites de homologación y equivalencias de sus titulaciones extranjeras sean "ágiles y justos"

Protesta del colectivo "Homologación Justa Ya" y de la asociación "Boa Vida" ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra
Protesta del colectivo "Homologación Justa Ya" y de la asociación "Boa Vida" ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra

Representantes del colectivo "Homologación Justa Ya" y de la asociación "Boa Vida" han protagonizado una protesta ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para reclamar que los trámites de homologación y equivalencias de sus titulaciones extranjeras sean "ágiles y justos".

Se trata de personas que cursaron estudios superiores fuera de España y que llevan años esperando para que sus títulos se reconozcan de manera oficial y puedan ejercer.

La protesta de Pontevedra se enmarca en una convocatoria estatal en 14 ciudades. 

"Pedimos al Gobierno de España y, especialmente al Ministerio de Universidades, que aceleren la homologación de los títulos universitarios de los profesionales extranjeros que estamos aquí en España", han exigido.

Según los datos facilitados por este colectivo, a día de hoy, aproximadamente hay unos cien mil expedientes atascados, sin una resolución. Son "retrasos excesivos" que superan con creces el máximo legal de 6 meses y aún más la recomendación europea de 2 meses. 

Además, protestan por la "falta de transparencia y déficit de comunicación personalizada" en el seguimiento de los expedientes y también por la "falta de claridad de la reglamentación y los requisitos excesivos" sin equivalente en otros países europeos. 

También señalan la existencia de "errores e incoherencias administrativas manifiestas jamás subsanadas" así como las "insuficiencias reglamentarias, que llevan a discriminaciones arbitrarias contrarias tanto a la constitución española como a los acuerdos europeos e internacionales en vigor". 

Por eso piden un plan de choque con provisión urgente de medios humanos y materiales proporcional al volumen de solicitudes, de cara a resolver en máximo 3 meses desde su implementación todos los expedientes actualmente pendientes y en máximo 6 meses todos los que se abran en adelante. 

Entre otras muchas reclamaciones también incluyen una petición para que se habilite "un canal de comunicación personalizada y bidireccional" entre el gestor directo del expediente y el interesado, y que incluya la visibilidad del tiempo real de resolución estimado y su periódica actualización.