Este viernes, 9 de febrero, un juzgado de Cambados ha citado a R.A.I., una madre pontevedresa, a una vista urgente en la que se dirimirá su relación con sus hijos, que actualmente tienen siete y diez años. Su ex marido y padre de los niños tiene su custodia desde hace un mes, el mismo tiempo que ella lleva sin verles ni hablar con ellos, y ahora ha pedido nuevas medidas para restringir todavía más la relación. "Quiere quitarme la patria potestad, que no tenga visitas ni comunicación, quiere que desaparezca del mapa", lamenta.
Hasta llegar a esta situación, esta madre denuncia cuatro años de "irregularidades" que han dado a su vida un giro de 180 grados. En febrero de 2020, se separó y, como primeras medidas, ella se quedó con los niños y su ex tan solo podía verles con supervisión tras una denuncia todavía sin resolver. En febrero de 2024, las tornas han cambiado y es ella la que no puede verles. No entiende "cómo ha podido cambiar todo tanto" en tan solo cuatro años y está "desesperada".
Esta mujer quiere "romper el silencio" sobre el "infierno" que lleva viviendo desde la separación y, en especial, desde que en enero le quitaron la custodia de sus hijos, "una tortura total". Lo hace para encontrar una salida, convencida de que ya solo le queda "la presión mediática", pero no quiere que sus actos o palabras pueda perjudicar a los pequeños, por eso prefiere preservar su identidad.
En conversación con PontevedraViva, explica su versión, que no ha podido contrastarse con el padre, pero sí con documentos judiciales.
En 2020, tras seis años de matrimonio, echó a su marido de casa, en la que también convivían los padres de ella y su marido era "un padre ausente". Lo hizo tras ver "comportamientos raros" con los niños y después de que alguien manipulase su coche. "Me asusté muchísimo y le pedí que se fuera", relata.
Días después, acudió a la Guardia Civil y presentó una denuncia, pero llegó la pandemia y todo se paralizó. Nadie vio a sus hijos ni le tomó declaración y, mientras tanto, ella dejaba a su ex que acudiese al jardín de su casa para ver a los niños. Hasta finales de agosto, él acudió, pero en ese momento asegura que "empezó a insultarme delante de ellos", no le gustó el comportamiento y se pararon las visitas.
En 2021, le tomaron declaración por aquella denuncia, pero se archivó por falta de pruebas y a finales de 2021 un juzgado revisó la custodia, se la concedió a ella y le dio al ex visitas sin pernocta y siempre con otra persona. Iba a buscarles al colegio, pero el mayor a la tercera vez ya no quiso volver y la menor tan solo siguió tres o cuatro veces. "No se querían ir con él", asegura.
Ante esta situación, propuso visitas en un Punto de Encuentro Familiar y se realizaron nueve en Pontevedra, pero fueron mal. "Yo dejaba a los niños tranquilos y volvían mal", relata. Según su versión, en ese período formuló varias denuncias ante la Policía Nacional porque el niño llegaba con moratones por obligarle a estar con él cuando él no quería.
Ahí escuchó por primera vez reproches hacia ella. Le decían que "les tenía manipulados" y que "no les dejaba preparados para ver a su padre" y las denuncias policiales quedaron en nada, la primera vez incluso sin dar traslado a la Fiscalía de Menores a pesar de que se relataba un maltrato.
Las visitas se suspendieron y ella consiguió un trabajo en otra ciudad y necesitaba el dinero porque su ex a veces ni siquiera le pasaba la pensión y nunca le pagó los gastos extraordinarios ni las actividades extraescolares, así que pidió permiso para mudarse con los niños. No tenía respuesta, así que empezó los trámites de escolarización y mudanza. Empezó el curso, no tenía autorización para el traslado y se mudaron igualmente. En noviembre, dos meses después, le llegó denegado y ahí empezó a complicarse todo.
En diciembre tuvieron una vista para adoptarse las medidas definitivas por la custodia y su ex marido introdujo el Síndrome de Alienación Parental (SAP) un término que ha proliferado en los últimos años para referirse a una supuesta polarización de los hijos a favor de uno de los padres y en contra del otro, al que rechaza sin motivo aparente, pero que no tiene validad judicial.
Tras esa vista, una sentencia confirmó para la madre la custodia, pero con una condición, que tenía un mes para normalizar las visitas y, si no lo hacía, la custodia pasaría al padre. La madre pidió una aclaración de la sentencia, sorprendida porque la relación entre los niños y el padre era "inexistente" y porque no sabía cómo tenía que ejecutarla, pero, según relata, durante ese mes, en el que coincidió el parón de la Navidad, nadie se puso en contacto con ella para comunicarle cómo tenía que facilitar esas visitas.
En enero, en el mismo día le notificaron cómo debían ser esas visitas y una notificación de incumplimiento porque en ese mes no facilitó que los niños viesen a su padre. "No me dieron oportunidad de cumplir nada", lamenta. Empezó a moverse con la administración porque le dijeron que debía dejar a los niños durante tres meses en un centro de menores para que los niños "se desintoxicasen" de ella y se adaptasen a vivir con el padre, algo que ella ve "antihumano e ilegal", pues esos niños tienen una familia, no tienen que estar en un centro.
Tras un año de trámites y recursos, llegó a acumular "más de 20 denuncias por desobediencia" por no entregar a los niños hasta que en octubre la Audiencia Provincial de Pontevedra finalmente le dio la custodia al padre, que en su recurso volvió a hablar del SAP.
El fallo de la Audiencia determina que debe entregar a los niños y, durante el primer mes, no podrá verles "para garantizar la adaptación de los menores" y esta pontevedresa se muestra muy crítica con su contenido, pues recoge que los procedimientos judiciales que todavía están sin resolver por violencia de género y agresión sexual y maltrato son "tangenciales", no afectan directamente a la sentencia sobre la custodia. Tampoco considera que afecte el pago de la pensión por parte del padre.
A Audiencia critica la "grave obstaculización que la progenitora ha llevado a cabo impidiendo prácticamente la relación paterno filial durante más de un año" y ve "una maniobra dilatoria" que apele a esos procesos judiciales aún sin resolver.
Para los magistrados de la Audiencia, "lo verdaderamente importante" es "el interés del menor" y reconoce que dar la custodia al padre "inicialmente produciría un efecto negativo en el menor", pero que !a medio y largo plazo puede resultar beneficioso al conseguir mantener la relación con ambos progenitores".
Tras esa sentencia, en enero la Policía Autonómica se presentó en el colegio de los niños y se los llevó al municipio de O Salnés en el que vive el padre. La madre supo que los cambió de colegio y una vez los abuelos pudieron verles, pero ella no ha podido ni verles ni hablar con ellos. Ese mes sin comunicación se cumple este fin de semana y confía en poder hacerlo el lunes, pero el juicio previsto para este viernes puede cambiarlo todo.