Rafael FJ Rios
Justicia
Cuando se entregan los despachos -¿credenciales, mandamientos…?- a los nuevos jueces -mayoritariamente mujeres- siempre es el Rey el que con su presencia honra su nombramiento: los textos legales refrendan que La Justicia … se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados. Tendríamos que acercarnos a la Historia Medieval para dar cumplimiento exacto de la construcción de la Justicia en Europa. Una vez que se han territorializado los órganos judiciales teniendo en cuenta la capilaridad de los tribunales de carácter provincial, partidos judiciales y municipios (Audiencias, Juzgados, Juzgados de Paz), quedan en lo más alto de la jerarquía como órganos centrales la Audiencia Nacional y, culminando la pirámide, el Tribunal Supremo. También es un órgano constitucional el Consejo General del Poder Judicial, integrado por jueces y otros juristas, que hace las funciones de gobierno del Poder Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de la función judicial. A grandísimos rasgos este es el sistema judicial español del que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.
Como característica fundamental de todas y cada una de Sus Señorías es que forman conjuntamente el Poder Judicial, sus puestos como Jueces no han dependido de procesos de elección de ningún tipo y, a partir del momento en que han sido nombrados por el Rey, sus decisiones son absolutamente independientes. El ciudadano en desacuerdo con las resoluciones de una sentencia puede apelar en todo momento para salvaguardar sus intereses. Ellos son la Justicia. Este es el Poder Judicial que tiene una sociedad democrática, en la que ningún otro poder interviene en cuanto a decisiones tomadas en el ejercicio de sus funciones, que son las de administrarla.
Podríamos pensar en el significado que acarrean los términos con el que son designados los miembros del poder judicial en medios de comunicación y en sedes políticas: conservadores, progresistas, moderados… otros los acusan (¿) de que la vocación pasa de padres a hijos (¡!!!) como si fuera una señal de algo y no de aquello que cualquiera con dos dedos de frente ve. Porque pululan por doquier los muchos interesados en intervenir en todo el proceso de la Justicia, proceso que tiene la particularidad de que se desarrolla al margen de toda opinión y acción política, muy posible causa del enfurecimiento de algunos. Quieren intervenir de forma generalizada, ya sea en nombramientos, en la organización, en la misma filosofía jurídica en la que se sustentan los modos en que se realizan los juicios... Toda esta voluntad de intervención no delata otra cosa que la falta de sentido democrático, porque sociedad democrática es aquella que se sustenta en ningún otro horizonte jurídico más que en el de la salvaguarda estricta de la independencia en la que se ejecutan los actos judiciales. Hay que pensar que Sus Señorías dictan aquella Justicia que ha sido votada en un parlamento elegido por todos los españoles. Esa Justicia. Con errores y sin ellos.
Pero para los protodemócratas la Justicia es otro frente político en el que intervenir: buscando la forma y manera de volcar la administración de Justicia en contra de sus oponentes -y consecuentemente de toda la ciudadanía- con el fin de obtener aquellos resortes en sus manos que les permitan validar su práctica social y política salvando cualquier impedimento judicial. Quedaría la administración de Justicia cual cabeza de pescado que comenzaría a pudrirse a las primeras de cambio, tan pronto la ciudadanía detecte la Justicia intervenida por el poder político. A partir de ahí, la incógnita del más fuerte, libres las ataduras para atosigar, presionar y hacer enmudecer. ¿Qué Justicia hay aquí? Ninguna. ¿Existen países con este modelo o algo parecido? Si. Por ejemplo, Venezuela, Nicaragüa, quiere Colombia: en su momento eran principios de democracia y hoy la izquierda las ha fundido en sociedades dictatoriales sin ningún rubor, como auténticos sátrapas, hundiéndose social y económicamente de una forma explosiva, ¿Justicia? Jueces puestos a dedo por Yo, el Supremo. Y nadie se mueve.
¿Qué hay del Tribunal Constitucional? No se ha citado en lo que llevamos de homilía. El TC no pertenece al Poder Judicial. Asunto de máxima importancia. Es un órgano constitucional de naturaleza jurisdiccional, integrado por magistrados que deben ejercer su función conforme al principio de imparcialidad. Para ello dichos magistrados deben cumplir requisitos de reconocida competencia con una trayectoria profesional superior a 15 años. ¿Y cuál es su cometido? Es el máximo intérprete de la Constitución, el que puede declarar la inconstitucionalidad de normas estatales o autonómicas con rango de ley. Es la institución democrática que valida o invalida las leyes que aprueba el Gobierno. Leyes constitucionales y leyes inconstitucionales.
Solamente resta conocer el nivel de independencia con el que se presenta en sus resoluciones ante los ciudadanos. ¿Qué tal la independencia del Tribunal Constitucional? ¿Es independiente del Gobierno? ¿Es independiente de los partidos? ¿Es independiente del Parlamento? ¿Solamente hay magistrados de absoluta relevancia? Qué va. Hay miembros del Tribunal Constitucional que han sido ministros. Con esto está delimitado y dinamitado el nivel de independencia: los ciudadanos de una sociedad democrática europea disfrutan de Justicia no porque sea democrática sino porque es independiente. Justicia independiente de todo poder, mayoritario, minoritario y mediopensionista, solamente dedicada a administrarla. Si alguien pone en uso desde el Poder su maquinaria de control sobre cualquier órgano de la Justicia está faltando el respeto a la democracia, mucho más, la democracia somos todos los ciudadanos y ante la falta de criterio democrático saltándose las normas constitucionales no son los partidos o la Política quienes se quedan sin democracia, sino que somos los ciudadanos los que quedamos vendidos ante el abuso político y un ente más importante que ningún otro y que se ubica por encima de todos los partidos habidos y por haber queda intervenido: la democracia misma.
¿Qué tal entonces el comportamiento del Gobierno con el Tribunal Constitucional? ¿Nos podemos equiparar con los mejores? ¿Sufren ataques los jueces? ¿La Política pone y nombra cargos dentro del Poder Judicial? Existen formas de destrucción de la democracia que nacen en la misma estructura de gobiernos democráticos: llegan al poder elementos que se prestan a utilizar los propios instrumentos del sistema para volcar la realidad hacia sus intereses para ocupar y mantener el Poder. Inician su escalada mediante el asunto fundamental, intervenir aquella institución que, de mantener su independencia, podría pararles los pies ante sus posibles actuaciones antidemocráticas. Intervienen la Justicia. Si un Gobierno sitúa a sus peones judiciales en el más alto tribunal para dirimir la constitucionalidad de las leyes, queda al servicio de un partido y de sus exclusivos intereses.
Con las decisiones inconstitucionales mediadas por la colaboración y control entre un partido político y las instituciones judiciales, ¿qué significan estos comportamientos políticos autoritarios (Cómo se mueren las democracias. Levitsky y Ziblatt)?:
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muestran rechazo o aceptan a medias las reglas del juego democrático,
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niegan la legitimidad de sus oponentes políticos,
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muestran intolerancia que no se encamina más que a la legitimación de violencia;
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predispuestos a restringir las libertades civiles, incluyendo los medios de expresión pública, redehsosialeh, periódicos, radios, tv…
Completaría la relación con la característica esencial de un pésimo gobierno:
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masiva utilización de la propaganda con apelación al más bajo nivel intelectual para continuar en la deriva económica de la intervención -69 subidas de impuestos: ¿qué hay de la vivienda, del empleo, del paro, de la inversión…?-, el gasto y la deuda, y alcanzar así masa crítica suficiente que viva de los demás. Amparado todo ello con tribunales esenciales intervenidos para mantenerse en el poder de cualquier manera.
Europa occidental, siglo XXI, España, nación integrada en la Unión Europea, comunidad de las sociedades democráticas más desarrolladas del continente.