Marica Adrio
Cumplimos y seguimos avanzando
El pasado martes el Gobierno ha aprobado el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, cumpliendo así el mandato constitucional del art. 47 para cumplir con el derecho que tienen todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna.
Dicho plan tiene un carácter eminentemente social, ya que presta atención especial a las personas , especialmente a las más vulnerables: Personas en situación de desahucio, acceso a vivienda o a soluciones
habitacionales a personas sin hogar, a víctimas de violencia de género, a personas vulnerables, incluidos personas con vulnerabilidad sobrevenida todas ellas con ayudas de hasta 100% de la renta de su alquiler.
A los jóvenes (bono alquiler joven – 250 € mes por plazo de dos años, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año-) e incluso con ayudas a la adquisición de vivienda en municipios o núcleos de población de pequeño tamaño (de menos de 10.000 habitantes). Ayudas a los arrendadores para el pago de un seguros de protección de la renta arrendaticia. Mejorar la accesibilidad a los edificios y viviendas, pensando en nuestros mayores y personas con discapacidad.
Aumentar los parques públicos de Vivienda, facilitar la promoción de vivienda de alquiler, reactivando el sector y fomentando el mismo. Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la corresponsabilidad en la financiación y en la Gestión. Se refuerzan los subsidios para los préstamos regulados por anteriores planes estatales de vivienda, los que siendo Ministra de Fomento Ana Pastor eliminó estas ayudas para compra de viviendas. Y se recupera la deducción en el IRPF por rehabilitación en vivienda habitual que también eliminó el Gobierno del Partido Popular, siendo Rajoy Presidente en 2013.
Centrándonos en el impacto de este Plan en nuestra provincia beneficiará a 10.000 familias.
En la ciudad de Pontevedra un total de 956 unidades familiares están inscritas en el Registro de demandantes de vivienda de la Xunta de Galicia, de las cuales 873 demandan vivienda en alquiler, 82 demandantes en Marín y 76 en Poio. En Vilagarcía 262 unidades familiares están inscritas en el citado Registro de las cuales 245 demandan una vivienda en alquiler y 22 en Cambados. En Vigo las unidades familiares inscritas en el citado Registro ascienden a5.375, de las cuales 4.324 demandan una vivienda en régimen de arrendamiento, en Porriño 102 y en Cangas 96. Por tanto, en la provincia de Pontevedra hay 8.016 unidades familiares demandantes de vivienda. Hay un enorme déficit de vivienda de protección pública que con este plan y gracias al Gobierno se va a solventar.
Según datos del Observatorio da Vivenda en Galicia, la llegada de Feijóo a la presidencia da Xunta fue un auténtico mazazo para el parque público autonómico de Vivienda, pasamos de estrenar 3.744 viviendas al año con el Gobierno de Touriño (año 2007) a sólo 313 (años 2020) con Feijóo, el actual Presidente da Xunta sólo construyó 2 viviendas protegidas en todo el año 2015, 8 en el año 2018 y 4 en el año 2019, es una vergüenza para un País moderno que en un año sólo se construyan 2 viviendas protegidas.
Frente a la dejadez y abandono de políticas de vivienda de la Xunta de Galicia, que es la que a nivel autonómico tiene transferidas competencias, siempre que hay gobiernos socialistas tanto a nivel autonómico como estatal se incentivan y refuerzan las ayudas, y en actualmente con este Plan, y con la Ley de vivienda que esperemos sea aprobada en corto plazo, se dará total cumplimiento al art. 47 de la C.E., y la ciudadanía española tendrá una vivienda digna.
El plan Estatal de Vivienda habilita un presupuesto de 1.000 millones de euros para construcción de vivienda social en alquiler. Este Plan obligará a despertar a la Xunta de Galicia, que no sólo destina menos de la mitad de lo que destinaba Touriño a vivienda, sino que según datos dos Orzamentos consolidados da propia Xunta, deixa sen gastar 2 de cada 3 euros.
EL PSOE hace honor a su lema, “Cumplimos y avanzamos”, ampliando los derechos a la ciudadanía española. Gobernamos para hacer de la vivienda el quinto pilar del Estado de Bienestar.