En los tribunales: cuatro meses sin justicia y muchos nombres propios
Por Oskar Viéitez
En este conflicto todos perdimos. Así lo han reconocido todas las partes implicadas en el conflicto que durante 114 días, entre febrero y mayo, paralizó la administración de justicia en Galicia. Casi cuatro meses de paro, con especial incidencia en Pontevedra.
El pacto, suscrito por SPJ-USO, UGT y CCOO y aprobado por el Consello de la Xunta, puso virtualmente fin a la huelga y abrió un enfrentamiento sindical con CUT, STAJ y CIG, contrarias al acuerdo. La protesta laboral provocó el aplazamiento de unos 20.000 juicios y de miles de trámites.
Lejos de alcanzarse una paz social ahora son jueces y fiscales quienes amenazan con otra huelga, también para reclamar mejoras salariales y profesionales.
Dos meses duró el juicio que sentó en el banquillo a uno de los nombres propios del año, Feliciano Miguel Rosendo da Silva, fundador y líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, los conocidos como Miguelianos. Hace pocos días se conoció la sentencia por la que es condenado a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una antigua integrante de esta asociación pública de fieles hoy disuelta por la Iglesia.
Entre finales de septiembre y finales de noviembre fue juzgado en la Audiencia Provincial por las presuntas irregularidades en el seno de este colectivo, del que el fiscal aseguraba que tenía una estructura de secta, pero finalmente ha resultado absuelto de todos los delitos excepto el de abusos.
Otro nombre propio, Ángel Martínez Pérez, más conocido como "Lito", también "El rey de las orquestas en Galicia". Ha sido condenado a penas que suman un total de 12 años de cárcel por un total de seis delitos de fraude al erario público. La sentencia de la Audiencia de Pontevedra le obliga a devolver la cantidad supuestamente defraudada y a pagar multas e indemnizaciones por 46,7 millones de euros. En otro de los juicios que le llevó hasta el banquillo de la Sección Cuarta resultó absuelto de dos delitos contra la Hacienda Pública al quedar anulados los registros practicados por funcionarios de la Agencia Tributaria.
El año judicial también deparó el archivo de la causa de la Audiencia Provincial que investigaba al ex presidente de la Deputación de Pontevedra y del Partido Popular en esta provincia, Rafael Louzán por los supuestos sobrecostes en los alquileres de tres bajos en la zona de Navia, en Vigo.
También pudimos ver como unos guardias civiles señalaban a otros compañeros de la Comandancia acusados como "chivatos" de narcos. Finalmente la Sección Cuarta condenó a unos tres años de prisión a esos dos agentes por sendos delitos de revelación de secretos tras ser sorprendidos filtrando datos sensibles de investigaciones abiertas a supuestos traficantes de droga.
En otro caso similar el acusado era un policía nacional el que se sentó en el banquillo por dar soplos a clubes de alterne y vender droga. Este policía, ahora jubilado, estaba inicialmente acusado junto a otras 13 personas que el pasado mes de junio reconocieron ante el tribunal que en los años 2006 y 2007 pertenecían a seis grupos diferentes dedicados al tráfico de drogas en Pontevedra capital, O Grove, Ribadumia-Meis y el sur de la provincia y Portugal.
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