Ocultar información ambiental y ser poco transparentes por parte de las administraciones públicas implica incumplir el Convenio Aarhus, un convenio internacional que dota de derechos a los ciudadanos para poder acceder a este tipo de información y participar en las decisiones relativas a cuestiones ambientales. Recientemente, varios colectivos de la plataforma Contraminacción consiguieron que la ONU admitiese a trámite una queja contra la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta de Galicia por impedir el acceso a información relativa a expedientes administrativos de explotaciones mineras. Ahora la ONU llama, no sólo a la Xunta de Galicia, sino también al Ministerio de Medio Ambiente, para que expliquen cuáles fueron las razones que motivaron esa falta de transparencia. Nos cuenta los detalles Ana Varela, miembro de la asociación Petón do Lobo.