Ante la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el Sindicato Nacional de CCOO de Galicia demanda a las distintas Administraciones que si garantice el derecho constitucional al trabajo de las personas con discapacidad, pues es el medio de tener unas condiciones de vida dignas.
Una situación laboral injusta
CCOO denuncia la dramática situación laboral que refleja la Encuesta de población activa elaborada lo pones IGE, módulo 'Empleo de las personas con discapacidad', sobre a injusta desigualdad en que se encuentran las personas discapacitadas en el mercado laboral gallego.
Las 131 .400 personas con discapacidad en edad de trabajar tienen una menor participación en el mercado laboral que aquellas sin discapacidad. Sus tasas de actividad (29,9 %) son 47,7 puntos inferiores a las de las personas sin discapacidad (77,6 %). Solo 24 de cada 100 personas con discapacidad cuentan con empleo (23,7 % de tasa de empleo frente al 69,2 % entre las personas sin discapacidad, 45,5 puntos menos). Sus tasas de paro son 9,9 puntos superiores a las de la población sin discapacidad (20,7 % frente a 10,8 %).
Las personas con discapacidad soportan una mayor precariedad en el acceso y permanencia en el mercado de trabajo. Su peso en el empleo temporal y a tiempo parcial es superior al de las personas sin discapacidad: un 21,5 % de la población ocupada con discapacidad trabaja a tiempo parcial, porcentaje 7,7 puntos superior a la de la población ocupada sin discapacidad. El incluso sucede con la contratación: un 23,1 % de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad tiene un contrato temporal, 3,9 puntos más que la población asalariada sin discapacidad.
Urge una acción decidida de los gobiernos
En la opinión de CCOO, "para superar la brecha de las personas con discapacidad en el empleo se necesitan políticas públicas reales que normalicen sus condiciones de vida y trabajo".
Una acción decidida de los gobiernos de los distintos ámbitos debe garantizar la cuota de reserva del 7 % en las ofertas de empleo público; vigilar el cumplimiento de las cuotas de reserva tanto en las empresas públicas cómo personales; y establecer incentivos y ayudas dirigidas a la integración y llevanza de las personas con discapacidad en el empleo común.
Paralelamente, debe asegurarse el papel de la negociación colectiva como instrumento fundamental para defender y garantizar los derechos laborales de las personas con discapacidad. Maica Bouza, secretaria de Empleo y Política Social de CCOO, recuerda que los Centros Especiales de Empleo (CEE) son empresas que nacen como canal de empregabilidade para personas con discapacidad en la Ley de integración social de las personas con discapacidad (LISMI) de 1982, y tanto la Inspección de Trabajo como los Gobiernos central y autonómico deben trabajar para que se cumpla el dicho objetivo, discriminando positivamente los que son de iniciativa social. Los CEE no pueden ser una vía de las empresas para abaratar costes salariales y discriminar las personas con discapacidad, pues esto perverte su objetivo de integración.
En la opinión de Bouza, ante situaciones de discapacidad sobrevenida, debe existir un procedimiento regulado con participación sindical que garantice la llevanza del empleo mediante la adaptación del puesto de trabajo o, si esto no fuere posible, la reubicación.
Compromiso de CCOO
Por último, señala: "Desde CCOO seguiremos trabajando cada día por la eliminación de las barreras que obstaculizan el acceso al empleo de las personas con discapacidad y por garantizar el ejercicio real de sus derechos humanos y libertades, así como la igualdad de trato en el seno de las empresas, tal y como establecen las directivas europeas de no discriminación y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas de 2006".
***Maica Bouza, secretaria de Empleo de CCOO