A los Constituyentes de 1978
La pretensión del Gobierno de España de que la memoria democrática de nuestro País se regule a través de una ley con dicho nombre es un insulto a la propia memoria, y si además semejante documento va avalado por Bildu, no merece el apellido de democrático. El Presidente del Gobierno de España lleva unos cuantos años jugando a la comba con las denominadas líneas rojas, aquellas que, de conformidad con un determinado nivel de democracia en un País, uno no debe cruzar, y todo con la única finalidad de llegar hasta el epílogo de su manual de resistencia, lo que con episodios como el que nos ocupa, le puede ahorrar varios capítulos intermedios.
Los españoles saben, pese a losintentos de grupúsculos como Unidas Podemos y sus distintas acepciones, tanto las de sumar como las de restar que son multitud, y denominaciones varias como Bildus, Esquerras, Junts, BeNeGás que la memoria democrática de España la construyeron personas como La Pasionaria Dolores Ibárruri (Diputada por Asturias), Ignacio Gallego, Rafael Alberti (diputado por Cádiz) Santiago Carrillo, Felipe González, Alfonso Guerra, Javier Solana, Manuel Fraga, Herrero de Miñón, Miquel Roca, Xabier Arzallus, Ruiz Gallardón (padre), Gregorio Peces Barba y con la aportación de intelectuales nombrados senadores por designación del Rey Juan Carlos de Borbón entre los cuales se encontraban, por ejemplo, Domingo García Sabell, Antonio Pedrol Rius (Decano de los Abogados españoles), Camilo José Cela, Enrique Fuentes Quintana, y lo hicieron a pesar de aquellos que mientras algunos trataban de normalizar un País que procedía de una dictadura de cuarenta años, se limitaban a poner bombas, matar al que no pensaba como ellos, a miembros de las Fuerzas de Seguridad, a ciudadanos que simplemente compraban en un Centro Comercial, a niños por el mero hecho de pasar por una calle o de estar jugando en una casa cuartel de la Guardia Civil, y a quienes sin ejecutarlo lo veían como una forma de respuesta política legítima.
Las Cortes constituyentes, que así se denominaron pues su objetivo era dotar a España de una Constitución, se constituyeron un 13 de julio de 1977 y se disolvieron el 2 de enero de 1979 tras cumplir su objetivo de dotar a España de una Constitución y convertir nuestro país en un Estado Social y Democrático de Derecho, y cuando finalizaron su trabajo, muchos de ellosse fueron para sus casas.
Nadie recuerda en Pontevedra ni he escuchado una sola mención en los últimos treinta años a Valentín Paz Andrade, David Pérez Puga, José García García y Manuel Fontoira Surís, mi pediatra, José Rivas Fontán, Victor Moro, Paco Bustelo, Jose Antonio Gago Lorenzo, y Elena María Moreno González, profesionales que tras ser elegidos diputados en las Cortes Constituyentes por la Provincia de Pontevedra se iban en sus vehículos por la carretera que por entonces unía Pontevedra con Madrid, todas las semanas, y compatibilizaban sus actividades profesionales con la impagable labor de dotar a España de una Constitución, de una norma que nos hiciera a todos iguales, libres, y en un entorno justicia y pluralismo político.
Cuando las Cortes Constituyentes aprobaron la Constitución en 1978 tenían como objetivo, y así se recoge en su Preámbulo, garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes, conforme a un orden económico y social justo, preservar el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, pero no eran conscientes del alcance de su inmensa labor, cuarenta y cuatro años de maravillosa convivencia, no exenta de episodios oscuros, y espectacular evolución en materia de prosperidad. Ellos pusieron las bases no solo para la convivencia, tras años de dictadura y represión, sino para la reconciliación, y desde esta reconciliación, y con la colaboración de los sucesivos gobiernos que con la deseable alternancia se fueron sucediendo a lo largo de las décadas, consolidar un país con altos niveles de prosperidad y del denominado bienestar.
La única norma que existe en España que puede ser catalogada como el instrumento de la memoria democrática es nuestra Constitución, porque es un instrumento que desde la reconciliación crea un nuevo Estado. La memoria, en todo caso, no es competencia de los políticos, sino de los historiadores, y serán estos quienes escriban y escriben su particular visión de la historia de España, siempre condicionada por las perspectivas subjetivas del autor, porque la objetividad absoluta no existe. Cuando el gobierno trata de crear una versión oficial de la historia, está yendo no solo más allá de sus atribuciones, competencias y por qué no decirlo capacidades, sino que además está poniendo en riesgo la reconciliación, las bases de la Constitución, y por qué no decirlo también, a él mismo.
La firma de BILDU, en un documento que habla sobre la historia de nuestro país debe llevar el sello del hacha y de la serpiente. Su única contribución a la reconciliación nacional fue la muerte y el dolor. "Bietan Jarrai" Perseverar en ambas, este era el lema de ETA, mantener no solo la lucha política sino la lucha armada, este no es el lema de un partido de reconciliación y por ello el gobierno no puede aceptar bajo ningún concepto el apoyo en tal instrument de quienes un día ampararon la violencia como método para acabar con nuestra democracia.