La tutela por parte de la Administración del sector de las Concesionarias de Autopistas parece que encierra bastante complejidad. A nada que se acceda a la información legal sobre Concesiones en la Ley de Contratos del Sector Público se vislumbra que tiene que haber un plantel de funcionarios con el suficiente nivel técnico para que pueda lidiar p.ej. con la norma UE basada en la Teoría de los Costes Marginales Sociales, fundamentada en la ley de oferta-demanda y en el precio de equilibrio de mercado. De ahí a la Gestión de Peajes en la que utilizan todo tipo de métricas y en especial la Intensidad Media Diaria IMD, que forma parte importante de los análisis con el fin de elaborar los precios a usuarios. Usuarios que se enfrentan a diferentes tasas e impuestos, dependiendo principalmente de objetivos de recaudación que se tengan en el momento y en función de la estructura de financiación de las autopistas. Esto hace que cada peaje y cada autopista represente una cantidad diferente. Y una guinda: las concesiones de autopistas parece que disponen en sus contratos de una cláusula legal por la que la Responsabilidad Patrimonial de la Administración supone una indemnización por parte del Estado ante la resolución anticipada de la Concesión. Esta RPA se produce siempre: la Administración abona al Concesionario el importe total descontado de amortizaciones, tanto de las inversiones realizadas para expropiación de terrenos, como de los costes de ejecución de obras y adquisición de bienes necesarios para la explotación de la obra. Obligación de la RPA que debe ser satisfecha aun cuando la rotura del contrato se haya generado por causas imputables al Concesionario. Jurídicamente parece que la ampliación de concesión por parte del gobierno del PP está enfilada por la Comisión Europea. Chi lo sa. Pero ahora mismo lo que se dilucida es otra cosa: es la demanda de cambio de tutela administrativa a favor de la Junta de Galicia y en detrimento de la Administración del Estado.
Si la AP9 cambia de titularidad administrativa y pasa a la Junta de Galicia habrá que crear un equipo a la altura del que existe hoy en día en la Administración del Estado para gestionar adecuadamente el asunto. Hemos visto líneas atrás que no es asunto de papeleo sino de evaluar de forma continua estructuras de costes y compararlos con flujos de ingresos en peajes. O algo así. Como primera cuestión lo que provocaría de inmediato es que el coste total del servicio se duplique, ya que hay que montar otro equipo similar en la Junta de Galicia, de igual competencia que el que actualmente lo gestiona. Multiplicamos así por 2 lo que antes se hacía con 1: el equipo actual se mantendrá con mucha seguridad tal como está y en la Junta se creará o se ampliará el que hay para acoger el volumen que genera la AP9. Por supuesto los contribuyentes sufragamos ambos, sin que haya preocupación alguna sobre el tema en ningún sitio. Es nuestro Bienestar del Estado, una Administración Pública decimonónica en alguna de sus facetas.
¿Qué es lo que se va a gestionar muchísimo mejor si pasa la AP9 a la titularidad de la Junta? Nada. Lo que se quiere es intervenir políticamente en la gestión, modificando y/o eliminando peajes, instalarse en medio de la gestión privada de la concesionaria para obtener múltiples y diversas prebendas: publicidad, patrocinios, financiación de eventos… etc. También la posible colonización de empleos en el más alto nivel. Y lo esencial: votos.
Para hacer un resumen:
1 los usuarios de la AP9 en sus costes directos se verán muy favorecidos, ya que algunos peajes puede que se eliminen y los costes actuales en el resto o en la mayoría de tramos se verán reducidos; en cuanto a sus costes indirectos sufrirán un incremento a través del siguiente punto;
2. los que no utilizan la AP9 se verán totalmente desfavorecidos, ya que pagarán la autopista sin transitar por ella, y lo harán a través de los Presupuestos de la Junta; y los beneficiados que transitan por la AP9 aumentan sus costes indirectos a través del incremento de impuestos o tasas o precios públicos en el Presupuesto de la Junta;
3. la manipulación de los precios de los peajes conlleva que todos los que vivimos en la comunidad autónoma -los usuarios de la AP9 también- veremos modificados al alza alguno de los importes siguientes: o bien se incrementan los impuestos a todos -los usuarios y los que no son usuarios- para hacer frente a las subvenciones a los peajes que se implanten, o bien se producirá un aumento del déficit presupuestario que, a su vez, provoca un aumento del volumen de Deuda (una vez que así se denomina el Gasto no amparado por los Ingresos que vuelve cada año a ponerse delante de la puerta del ciudadano para cobrar).
4. aumenta el coste de la Administración de la Junta por la nueva dotación de personal funcionario para gestionar y tutelar la concesionaria, y por otro lado aumenta también el coste en la Administración del Estado porque los recursos adscritos al departamento -que tendrían que tener una merma a causa de la menor cuantía de gestión- puede que no se modifiquen nunca.
5. aumenta el coste de la empresa Audasa al tener que dotar de mayores medios de peaje al incrementarse el volumen de usuarios de forma muy relevante con las diversas subvenciones al precio, además de los consabidos incrementos en costes de reparación y mantenimiento del firme e instalaciones de la autopista.
6. aquello que podríamos denominar la industria política es el sector que sale manifiestamente favorecido: una vez dado el golpe de efecto de la posible gratuidad y segura subvención de los peajes solo falta recoger los votos. Una vez instaladas las nuevas relaciones Junta-Audasa puede que haya cargos a cubrir de alta remuneración en la nueva relación; puede también que haya cargos de la empresa privada que se vean influenciados por la presión de los grupos políticos; todos aquellos eventos y patrocinios de relevancia podrán contar con la colaboración "desinteresada" de la concesionaria una vez que se han establecido relaciones filiales entre el poder de los partidos y la empresa privada, empresa que puede que se vea presionada en alguna de sus funciones por parte de dichos grupos políticos, puede que de aquella forma civilizada de chantaje en el que se intercambien favores mutuos por precios de peajes.
7. si la intervención política se intensifica sufrirá la gestión privada de la concesionaria y se verán afectados los resultados prácticos en la conservación de carreteras y en los mantenimientos diversos que conlleva la gestión de una autopista: la gestión privada directa e independiente es muy superior en todo punto a cualquier tipo de intervención y presión política que a la larga y a la corta marcará su deterioro. Y además, cuando ir a Vigo cueste 0 € la autopista colapsará: todos los que se desplazan por carretera dejarán de hacerlo.
¿Qué din os rumorosos? Lo más suave que aplican a la Autopista los socialistas de todos los partidos es la falta de agallas de los políticos de turno en relación con la gestión. ¿Qué significan estas agallas? Para no andar con pamplinas: coger la Autopista, sacarla de manos privadas, ponerla en manos públicas y aplicar a discreción la voluntad política sobre el precio de los peajes. Es decir, en lugar de que los actuales usuarios paguen los servicios de autopista que utilizan, provocar que sean todos los que vivimos en Galicia los que pasemos a pagarlos: eliminan así el ticket de peaje -personal- y lo suben a la nube -colectiva-, a la invisibilidad del Presupuesto.
La Junta de Galicia le ha aplicado a Renfe una subvención -valga la redundancia: con cargo a todos, los que viajen y los que no viajen en tren- para que todo el mundo o casi todo el mundo viaje gratis: además del caos en los servicios que provoca el gratis-total (caída inmediata de calidad, descontrol total, eliminación de ingresos, falta de reinversión…etc), la Junta no ha pedido la titularidad de Renfe, ni la titularidad de las vías ni de la catenaria. Pero la Junta ha modificado los precios que pagan los usuarios de tren, si bien a nuestra costa, a costa de todos. En la AP9 en cambio no les llega con modificar los precios desde fuera: todo el mundo pide agallas, porque en lugar de una autopista, en lugar de los costes, de los servicios, de los mantenimientos y del esfuerzo, la industria política lo que ve delante de sus narices son votos, el panal de rica miel a la que muchas moscas acuden. Pero estos votos, como todo en la vida económica, tienen un coste: el coste lo pagamos los ciudadanos con la titularidad administrativa de la AP9 en el momento en que se anote en nuestra contabilidad y quede amparada por la administración pública, es decir, por todos nosotros. ¿Dónde se recoge y dónde acaba esta gestión económica? En los Presupuestos. ¿En qué sitio? En la Deuda. Cuentas de la ciudadanía que engordan un tamaño administrativo que supera nuestra capacidad, en la que los gastos superan a los ingresos, desde hace décadas. Lo que falta lo pone la Caja Común.
P.D. Como los gastos superan a los ingresos por eso la industria política se coloca a fin de mes en el Padornelo esperando la carrilana de los Presupuestos que llega cargada con todos los fardos bien identificados con su nombre y apellidos: Ministerio de Tal. De parte de la Caja Común de todos los españoles. Son todas las partidas que cubren la parte de los presupuestos de la Junta para los que no tenemos dinero y nos lo entregan. Siempre se hizo así. A partir de la financiación singular la carrilana al llegar al Padornelo va a lanzar las partidas abajo y entre ellas la que pone De parte del psoe, de catalunya y de toda la izquierda, que esperemos no le caiga encima a nadie, ya sería el colmo que las sacas antedichas le cayeran a los del psoe, cargadas como están de cantullos de pirita y calcopirita que dejan descalabrado a cualquiera… o yo qué sé, al de la upegá que está muy de acuerdo con el tema. Para quedar esterricado en la A6 como un sanandrés…