Tras más de dos meses de movilizaciones, la huelga en la justicia gallega podría estar viviendo sus últimas horas. La Xunta de Galicia ha alcanzado un preacuerdo con la mayoría de los sindicatos para poner fin a este conflicto laboral. El pacto deberá ser ratificado ahora por las asambleas de trabajadores convocadas para este viernes en las siete grandes ciudades gallegas.
El acuerdo, firmado entre el gobierno gallego y representantes de UGT, CCOO, USO y CSIF -7 de los 11 miembros de la mesa de negociación-, establece que los funcionarios de la justicia en Galicia verán incrementado el complemento autonómico en 135 euros al mes en el caso de los gestores, 127 en los tramitadores y 122 en los auxiliares.
La subida se producirá en tres años, a razón del 50% este mismo ejercicio, el 30% en 2019 y el 20% restante en 2020.
A mayores, se incluye una cláusula de revisión que garantiza que los trabajadores mantendrán una posición por encima de la media de los territorios con competencia en materia de justicia.
También se prevé la puesta en marcha de un plan de actuación, que deberá ser consensuado con el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y la Fiscalía, para recuperar el trabajo retrasado durante la huelga y poner al día en la medida de lo posible a los juzgados gallegos. Al dicho plan, que tendrá carácter voluntario, podrán acceder la generalidad de los funcionarios.
El acuerdo incluye asimismo otros puntos con mejoras para los funcionarios como la consolidación de las plazas de refuerzo de más de tres años de duración, la creación de nuevas plazas, mejoras en los juzgados de violencia de género y la ampliación del permiso por maternidad y paternidad y de los supuestos de bajas en las que perciben el 100% de las retribuciones.
La administración también se comprometió a dejar sin efecto los expedientes disciplinarios incoados debido a la huelga y a que los descuentos pendientes en el salario, por secundar los paros, sean repartidos de manera proporcional en los meses restantes del año, incluida la paga extra.