Miembros de la Plataforma de Afectados por las Preferentes del Baixo Miño acudieron este lunes al juzgado de lo Contencioso Administrativo de Pontevedra para presentar 22 recursos, para continuar por la vía judicial reclamando la retirada de las multas impuestas al colectivo.
Al terminar la entrega en el registro medio centenar de miembros de esta Plataforma llevó a cabo unha concentración ante la Subdelegación del Gobierno, "para mostrar a nosa repulsa a estas sancións arbitrarias impostas coa intención de amedrentar e intentar eliminar este movemento social que lles resulta molesto", dijo Xulio Vicente, portavoz de esta plataforma.
"Reclamamos xustiza porque nós non somos uns delincuentes", afirmó Vicente que se mostró "convencido" de que el presidente de la Diputación y del PP provincial de Pontevedra, "está detrás de todo isto".
Hoy se presentaron reclamaciones contra unas multas que en conjunto superan los diez mil euros "pero xa presentamos nove recursos máis que son cinco mil euros e nos quedan outros tres mil euros que se recorrerán proximamente", informó.
Las sanciones fueron impuestas a personas de Tui y O Rosal por concentración ilegal y resistencia a la autoridad, indicó el portavoz de la plataforma. "Pode haber un 2% das multas que sexan dubidosas, pero o resto son todas mentira", sentenciaron los miembros de la plataforma.
Xulio Vicente explicó que ya se han abonado siete mil euros en multas debido a que el pasado 20 de agosto vencía el plazo y, en el caso de no abonar la sanción Hacienda procedería al embargo de sus cuentas bancarias.
Los afectados mantienen sus esperanzas en un resolución favorable a sus intereses pero lamentan que mientras tanto hayan tenido que abonar tres mil euros para hacerse cargo del cuarenta por ciento de las tasas judiciales para el recurso. "Temos os primeiros xuízos sinalados para novembro", informaron.
Además de reclamar la retirada de las sanciones, estos afectados exigieron la dimisión del Subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Antonio Coello.
DEVOLUCIÿN
El conflicto por la venta masiva de participaciones preferentes y deuda subordinada está resuelto en su mayor parte, aunque las plataformas de afectados buscan que se compense a los cerca de 15.000 afectados que por desconocimiento o despiste no se sumaron a los procedimientos de arbitraje o se encontraron con que las quitas eran superiores a las que preveían.
Según los cálculos hechos por estos colectivos de afectados han quedado en el limbo unos 200 millones de euros, según aseguró el portavoz de la plataforma de Baixo Miño, Xulio Vicente.
Este es uno de los motivos por los que el Poder Judicial ha decidido prorrogar los refuerzos asignados a los juzgados de Vigo y A Coruña que ya venían funcionando desde noviembre del año pasado, para dar salida a la probable llegada de nuevas demandas.