Ángeles Vázquez, vicepresidenta segunda e conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, acompañada por el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, mantenían un encuentro con representantes de empresas de la cadena mar-industria de la provincia en la delegación territorial de la Xunta de Galicia con la intención de tratar el recurso que el Gobierno central anunció que presenta ante el Tribunal Constitucional contra la Lei de Ordenación e Xestión integrada do Litoral de Galicia, que aprobó a administración autonómica.
La conselleira reprochó al Gobierno central que desde el año 2018 tan solo autorizara prórrogas de concesiones debidas y de las que, por consiguiente, estaba obligado a informar favorablemente. Se licitaron 18 o 22 concesiones de costas en Galicia desde ese año pero Ángeles Vázquez manifestó que "todas las que se deron son prórrogas debidas". de instalaciones situadas en terrenos de dominio público marítimo-terrestre y, por eso, apuntó "non quedaba outra máis que dar esas prórrogas".
Advirtió de la paralización que supone la decisión del Gobierno central para más de treinta solicitudes presentadas desde que la Xunta de Galicia aprobó la Ley que incluyen peticiones de Concellos para poner servicios en marcha; de ampliación de industrias o para hacer reposiciones. Por este motivo, en el encuentro ambos conselleiros informaron a los representantes del sector de la situación actual definiéndola como "de inseguridade total e absoluta, un mar de incertidumes e un océano negro".
Señaló que el ejecutivo gallego carece todavía del texto del recurso y del dictamen del Consello de Estado en que se basa y reclamó al gobierno de Pedro Sánchez la misma "lealtad institucional e transparencia" que mantiene la Xunta para, a continuación, recordar que "o que non queremos en Galicia é que se nos engane".
"Hai un obxectivo ideolóxico, que consiste en desmantelar a costa. Entenden que hai que separar o mar da parte terrestre. Nós temos outro concepto, o de integrar e non o de separar", apuntó la conselleira señalando que la Xunta sigue la misma línea que la Unión Europea.
Vázquez advirtió que el Gobierno central está empujando al colectivo mar-industria a que se vaya a otras costas como la de Portugal. "Esmorece o que hai e non somos quen de facer novas implantancións e son moitísimos postos de traballo", explicó.
Por su parte, el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, apuntó que insistirá para que el Gobierno del Estado rectifique su decisión "tomada a última hora e sen falar con nós". Reclama que a Lei do Litoral pueda volver a estar vigente para defender la actividad productiva del sector marítimo-pesquero.
Al encuentro asistieron representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia y también de su Comisión Mar-Industria, entre los que figuran miembros de empresas integradas en la Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (Agade); de la Unión de Asociacións do Sector Mar-Industria Alimentario, de Anfaco-Cecopesca; de Jealsa; Congalsa; Gadisa; Pescamar; de la Federación da Construción; además de representantes de entidades financieras; de la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo y el presidente de la Federación de Confrarías de Pescadores de Galicia.