"Condenan os obreiros, indultan os banqueiros" o "Non son ladróns, son traballadores" fueron algunos de los cánticos que este jueves se escucharon en los alrededores del edificio de la Subdelegación del Gobierno donde numerosos representantes sindicales se concentraba para reclamar el indulto a Carlos Rivas y Serafín Rodríguez.
Esta protesta, secundada por UGT, CIG y CC.OO., se origina ante el silencio por parte de la subdelegada del gobierno, Ana Ortiz, a la petición realizada por los sindicatos para mantener un encuentro en el que tratar este tema. Han presentado varias solicitudes desde hace tres meses y desde el organismo estatal no reciben respuesta.
Serafín Rodríguez y Carlos Rivas, afiliados de CIG y UGT respectivamente, fueron condenados a tres años de prisión por haber participado en un piquete en Vigo durante la huelga de transporte. El piquete había intentando impedir el acceso de unos camiones en la entrada del Consorcio de la Zona Franca de Vigo. A la llegada de la Policía Nacional, un agente solicita la documentación de estos dos sindicalistas, que fueron denunciados como autores del lanzamiento de piedras. El delito, recogido por el artículo 315.3 del Código Penal, castiga la vulneración del derecho del personal que aquella jornada de huelga quería trabajar.
La sentencia fue ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ahora, los dos representantes sindicales dependen de la decisión del Gobierno para la concesión del indulto. Si no lo autorizan, ambos entrarían en prisión.
Serafín Rodríguez, que asistió a esta protesta, manifestaba que no puede mantener una actividad diaria con normalidad porque "sempre está algo aí. Non son o mesmo de hai seis anos. Sempre hai algo detrás que che está minando".
El secretario general de UGT, José Antonio Gómez, afirmaba en la concentración de este jueves que "Carlos e Serafín non cometeron ningún delito" alegando que habían defendido los derechos legítimos de la clase trabajadora. Por este motivo reclaman al Parlamento español la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, que consideran anticonstitucional y que la Organización Internacional del Trabajo denuncia por vulnerar el derecho de huelga.
Por su parte, Paulo Carril, secretario xeral de CIG, lamentaba que no se ofrezca respuesta a un indulto demandado de forma "masiva" por la clase trabajadora de Galicia. Cualificó al gobierno de Mariano Rajoy de "insensible" y considera indecente que haya obreros en riesgo de entrar en prisión cuando los delincuentes de cuello blanco campan a sus anchas. En esta misma línea afirmó que no van a desfallecer en las protestas y tampoco van a permitir otra solución distinta al indulto de Carlos Rivas y Serafín Rodríguez.