El gobierno local de Ponte Caldelas está "muy satisfecho" de la especialización creciente que el polígono industrial de A Reigosa está adquiriendo en torno al sector de los elaborados del mar. La instalación de la conservera Orbe durante el año pasado está ejerciendo un "influjo importante" y así esta misma semana, la sociedad pública de la Xunta de Galicia que gestiona el suelo industrial público, Xestur, confirmaba el acuerdo con otra firma de este ámbito.
El equipo de gobierno caldelano acogió la confirmación con "satisfacción", después de haber mantenido contactos con esta firma durante los últimos meses. Los directivos de la empresa, que está asentada en un punto del litoral pontevedrés en unas instalaciones que les quedaron pequeñas, pidieron discreción hasta que se presente la solicitud de licencia.
Por otra parte, el alcalde, Andrés Díaz, recibió también a los directivos de otras dos empresas del mismo sector que están dando los primeros pasos para adquirir otras tantas parcelas en A Reigosa, también con vistas al traslado de su actividad. "La realidad es que estamos empezando a parecernos mucho a un puerto seco", celebra el regidor.
El Concello de Ponte Caldelas subraya que si en la operación ya confirmada se van a crear unos 42 puestos de trabajos, en las otras dos en marcha podrían generarse en torno a otros 60. Como es habitual en el consistorio caldelano, se firmarán acuerdos con las empresas para potenciar la contratación de personas empadronadas en el municipio a cambio de beneficios fiscales.
El alcalde subraya que las últimas novedades están generando una gran satisfacción, no sólo por la potencial generación de puestos de trabajo, sino por la especialización en un sector que despeja el riesgo del asentamiento de empresas contaminantes.
El gobierno local tripartito defiende el parque empresarial caldelano está caracterizado por la cercanía de las viviendas, por lo que no resulta apto para acoger "empresas sucias". Los tres grupos municipales ya han advertido repetidamente que, llegado el caso, no renunciarían a utilizar todos los mecanismos que otorga la legislación urbanística vigente para impedir el asentamiento de una empresa contaminante. Una circunstancia que ya hicieron saber a una empresa de reciclaje de residuos que hace pocos meses realizó consultas previas y abandonó el proyecto.