Según Anova "ao redor dunha ducia de incendiarios actúa na zona de Pontevedra", conformada ésta por 29 municipios que engloban las comarcas de Pontevedra, Salnés, Arousa y O Morrazo.
Sobre el perfil de estos incendiarios, según explicó Claudio Quintillán de la Coordinadora Nacional de Anova, "a maioría dos puntos de inicio dos incendios corresponden a lugares de acceso para persoas coñecedoras da zona, polo tanto veciños do ámbito". "Ninguén do lugar denunciará ao seu veciño, tanto se sospeita del ou mesmo no caso de encontrarse o delincuente in fraganti", señaló Claudio Quintillán. "Existe un silencio absoluto no rural constatado pola investigación". Y añadió que está comprobado que "se unha persoa allea a un núcleo rural pasa por alí andando ou co seu vehículo, entón si que se achegan datos".
Quintillán señaló que el incendiario se refugia en ese conocimiento completo del terreno y "nun amparo social no seu ámbito. Teñen ademais todas as facilidades: abandono do rural, falta de productividade e posta en valor do territorio" A esto le añaden las múltiples causas por las que actúa el incendiario "eliminación de matogueira, gandaría, caza, desavenencias, vinganzas, contratación de persoal, lindes, vandalismo, etc".
Anova presentó este martes una rueda de prensa en Pontevedra una serie de medidas urgentes ante la "proliferación de incendios forestais" y las consecuencias que arrastran tanto a nivel económico como ecológico y social.
Claudio Quintillán explicó que esta serie de medidas de choque a aplicar "dende o próximo inverno" pasa por la aplicación de oficio por parte de los ayuntamientos de la Ley de Montes de Galicia en lo que representa a núcleos rurales, es decir, las franjas de seguridad de 50 metros. Y también, planificar desde los Distritos forestales actuaciones dirigidas al territorio para romper la continuidad actual de las masas pirófitas y matorrales.
"Con la intencionalidad actual no podemos tener cientos de hectáreas contínuas de vegetación sólo interrumpida parcialmente por infraestructuras cuyo ancho no responde a la inflamabilidad del combustible", señaló Quintillán.
Anova también propondrá a la Xunta a través de AGE la elaboración en paralelo con las medidas anteriores de un nuevo Plan para el Monte Gallego "unha planificación a 50 años, consensuada e inamovible" que determine el espacio que va a tener la consideración de monte dentro de la ordenación territorial de Galicia.
Además instan a la Xunta a que determine el mapa de usos derivados del monte, y a que tenga una atención especial a los montes vecinales en man común potenciándolos como referentes socio-económicos y culturales del rural.
Otras medidas urgentes solicitadas se dirigen a los 750.000 propietarios particulares que hay en Galicia y que suponen más de un tercio del territorio, 1,2 millones de hectáreas "e que actualmente son o maior foco de inicio dos incendios forestais, agás na zona norte" informando en colaboración con la Fegamp de la situación en la que se encuentran los terrenos e impulsando propuestas que mejoren el minifundismo.
Para este último objetivo Anova propone medidas fiscales por tener la parcela perfectamente identificada "hay que desgravar a quienes cuidan del territorio, en ese caso el monte particular porque benefician a toda la sociedad".
Y finalmente exigen "un equipo público profesionalizado, especializado e comarcalizado que poida atender as emerxencias ambientais".