Una clínica de Vilagarcía de Arousa aparece implicada dentro de una organización que proporcionaba a los pacientes certificados falsos de pruebas PCR y test de antígenos para detectar la covid-19 que aparentaban todos los requisitos legales para viajar al extranjero, pero realmente carecían de validez legal.
La trama fue desarticulada por agentes de la sección de Investigación de la Jefatura de la Policía Autonómica en el marco de la investigación denominada Operación Xermánica, que continúa abierta y hasta ahora llevó a la detención de 3 personas y la imputación de una cuarta.
Estas cuatro personas están investigadas por delitos contra la salude pública, organización criminal, falsedad documental, usurpación de funciones públicas, intrusismo, suplantación de identidad y estafa. Entre los detenidos está el supuesto líder de la organización.
La actividad de esta clínica y de la otra del Milladoiro (Ames) que mantenía abierta la organización fue clausurada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Consellería de Sanidade.
La investigación se inició en enero, cuando la Consellería de Sanidade solicitó la colaboración de la Policía Autonómica, tras detectar que una clínica de la localidad coruñesa de Ames presuntamente manipuló el resultado de una prueba diagnóstica de covid-19.
La investigación localizó tres sedes de la citada organización, de las que una ya no contaba con actividad en el momento de la investigación y las otras continuaban con las tomas de muestras y con la emisión de los certificados falsos. Una está en O Milladoiro (Ames) y a otra en Vilagarcía y cobraban 30 euros por un test de antígenos y 120 por una PCR.
Los certificados que emitían llevaban el luego de las clínicas y un código QR, pero los agentes pudieron comprobar que ninguna de las clínicas contaba con los requisitos sanitarios legales para su funcionamiento como centro sanitario y una parte de los trabajadores carecía de la titulación sanitaria necesaria. Tampoco cumplían con los requisitos dictados por la Ley de Protección de Datos.
Las instalaciones simulaban un verdadero centro sanitario, contaban con carteles informativos en la fachada y en las cercanías, con publicidad en el periódico, en las redes sociales y con página web propia. Realizaban la toma de la muestra y emitían un certificado simulado con el resultado de la prueba. Además, hacían firmar al paciente un consentimiento informado y un documento de Protección de datos.
La Policía Autonómica consiguió documentar aproximadamente unas 4.000 falsedades documentales dentro de los expedientes incautados en los registros realizados, aunque tiene constancia que la trama expidió un mayor número de certificados. Parte de esa documentación fue destruida y no se conservan copias de los archivos en papel.
La actividad de esta trama se inició cuando, debido a las restricciones sanitarias de la pandemia, se comenzó a exigir el certificado PCR o de antígenos para poder viajar.