Un portavoz de las plataformas de afectados por las participaciones preferentes y dubordinadas de O Morrazo, Vigo y Val Miñor, interrumpió el pleno de la Deputación de Pontevedra para exigir las ayudas comprometidas por la institución provincial en las acciones judiciales que tienen en marcha contra la cúpula de la extinta caja gallega.
Con un cencerro colgado al cuello, José Manuel Estévez, representante de estas plataformas, se dirigió al presidente Rafael Louzán reclamándole "si se vai a facer efectiva a axuda, en que cantidad e en que plazo de tempo", dijo.
"Ante a falta de resposta tiven que vir aquí", justificó el preferentista. La iniciativa judicial de estas plataformas, ahora constituídas en asociación, tiene un coste aproximado de unos 10.000 euros que pretendían que fuesen asumidos "a partes iguais" por los afectados, el Concello de Vigo y la Deputación.
Desde el grupo del BNG, su portavoz, César Mosquera, instó a gobierno provincial a "que se tramite a axuda" tal y como se había acordado en otra sesión plenaria. Igualmente, Santos Héctor, portavoz del grupo socialista aseguró que está "lexítimamente xustificado que veñan aquí porque non houbo resposta a un compromiso adquirido polo Pleno da Deputación".
Louzán recordó que el compromiso de ayudas era de algo más de 3.000 euros y comentó que la querella presentada por los preferentistas "non foi admitida a trámite" por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, al entender que el sabedor de la situación es el juzgado de Vigo. Por su parte, en Vigo se acordó también desestimar la apertura del caso.
"O problema está maioritariamente resolto", intervino el portavoz del PP, José Manuel Figueroa. "Fixemos un traballo excepcional", añadió.
Louzán zanjó el tema asegurando que en un máximo de 15 días su petición será respondida. El Pleno se reanudó después de 20 minutos.