El vertido de pellets que está cubriendo la costa gallega, además de la asturiana, la cántabra y la vasca, está ya judicializado. Después de que la Fiscalía General del Estado abriese diligencias por lo ocurrido, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Noia ha acordado incoar diligencias por la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La jueza ha ordenado oficiar a la Unidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para que remita al juzgado un informe con datos de interés para investigar este vertido a la costa gallega de millones de pellets de plástico.
Así, piden al Seprona los datos recabados en relación con la titularidad de la embarcación Toconao, que el pasado 8 de diciembre perdió seis contenedores frente a la costa portuguesa, uno cargado de sacos de pellets. También pide información sobre las circunstancias en las que se produjo la pérdida de la carga y el contenido de dicha carga.
La magistrada de Noia también pide información al Seprona sobre la composición y posible toxicidad de los pellets vertidos, así como el alcance del vertido y la delimitación del área afectada”.
El juzgado de Noia incoa estas diligencias tras la denuncia presentada por Podemos Galicia, a la que se ha acumulado la interpuesta conjuntamente por la Fundación Montescola, Ecologistas en Acción y la Plataforma pola Defensa do Mar da Comarca Muros-Noia.
La jueza explica que no están determinadas "la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido", por lo que entiende que es procedente incoar diligencias previas y practicar las esenciales, encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el órgano competente para el enjuiciamiento.
La jueza asegura que los denunciantes "se encuentran legitimados para intervenir en el proceso como acusación popular dado que, a pesar de los intereses particulares que puedan resultar afectados, los hechos objeto de investigación en el presente procedimiento podrían ser indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en el que entran en juego intereses supraindividuales o institucionales que legitiman su intervención”.
El auto no es firme y contra el mismo cabe recurso.