Un interno del centro penitenciario de A Lama ha llegado hasta la Audiencia Nacional para intentar conseguir la libertad que le negaron en el propio centro y en el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de Madrid. Sustenta su petición en el "grave riesgo para la salud en que se encuentra" al estar en prisión durante la pandemia de la covid-19, pero el tribunal la ha rechazado.
La sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras revisar su recurso, también desestimó su petición porque "carece de todo apoyo legal". Así, el auto por el que se rechazan sus pretensiones argumenta que el interno está clasificado en segundo grado y no consta que reúna los requisitos exigidos para obtener la libertad condicional.
El interno apela a que está diagnosticado de VIH y se halla en tratamiento con retrovirales. El tribunal responde que no se puede considerar que sea un enfermo muy grave con padecimientos incurables, circunstancia que justificaría su puesta en libertad según el artículo 91 del Código Penal, y explica que "afortunadamente, en estos momentos el VIH no es una enfermedad mortal", pues se puede mantener bajo control con tratamiento médico como el que recibe este interno.
Además, la Audiencia Nacional sostienen que no consta que la covid-19 se haya expandido en los centros penitenciarios con mayor rapidez o virulencia que en resto de la sociedad y tampoco que el centro penitenciario de A Lama "haya sufrido un índice de contagios superior al existente en el resto del país".
El interno también alegó en su recurso que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva porque en el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que le negó la libertad no se respondió a sus alegaciones. La Audiencia Nacional concluye, sin embargo, que "no existe vulneración" de ese derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación porque el interno obtuvo una respuesta fundada en derecho a la petición planteada.
Otro de los argumentos esgrimidos en su recurso es que se vulneró su derecho a la vida y a la integridad física, pero el tribunal rechaza igualmente esta afirmación, argumentando que "no existe dato alguno que permita afirmar que esos bienes han sufrido alguna lesión o ni siquiera que hayan sido puestos en peligro".