La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra envió hace casi un año al Concello de Pontevedra un informe de la Guardia Civil de Tráfico que advertía de los problemas de seguridad detectados en el lugar de Leborei, en Cerponzóns y proponía varias medidas para solucionarlos, entre ellas, una reorganización del tráfico en la zona y actualización de la señalización.
El informe, al que ha tenido acceso este periódico, está datado en junio y fue remitido en julio de 2021, pero desde el Concello de Pontevedra no se realizó ninguna actuación en la zona, en la que los vecinos se quejan de forma reiterada de problemas de falta de seguridad vial y de incidentes frecuentes en los que camiones quedan atascados por la estrechez del camino y causan daños en una vivienda particular.
Esas medidas sí se anunciaron este pasado fin de semana. Tres concejales del equipo de gobierno de Pontevedra se desplazaron hasta Leborei y, tras mantener una reunión con varios vecinos, anunciaron que "a maior brevidade" posible se adoptarán medidas para regular el tráfico en la zona.
El Concello anunció medidas como instalar señales restringiendo el tráfico solo a residentes y servicios y todas ellas aparecían ya reflejadas en el informe de Tráfico que le remitieron hace un año.
El origen de este informe son las quejas reiteradas de los vecinos de la zona, en especial de una ciudadana que, por su insistencia, fue informada de la existencia del citado documento y su remisión al Concello.
Tras recibir estas quejas, la Subdelegación solicitó un informe a la Guardia Civil de Tráfico y, una vez recibido, y analizado también por la Dirección General de Tráfico, fue remitido al Concello al tratarse de una carretera de titularidad municipal.
Ese informe, y las medidas propuestas por Tráfico y por el Concello, se analizarán este miércoles en una reunión convocada para analizar la movilidad en Leborei en la sede de la DGT en Pontevedra. El encuentro, según ha sabido este periódico, lleva varios días convocado, desde antes del fin de semana.
La agrupación de Tráfico elaboró un exhaustivo informe de "corrección de deficiencia vial" que pretende "corregir los problemas detectados" aportando las posibles soluciones. Los problemas detectados, según recoge el documento, "ponen en riesgo la seguridad vial en general y, en particular, en lo relativo a colectivos vulnerables como peatones y ciclistas".
Cita Tráfico que por esta vía se concentra la circulación de un alto número de peatones y ciclistas que realizan el Camino de Santiago y que, unidos a los demás usuarios de la vía y vecinos de la zona, deben compartir un mismo espacio y se produce una "merma de la seguridad vial".
Otro de los aspectos que destaca es que se trata de un tramo rural sin arcenes ni aceras en el que los vecinos y los niños ocupan la calzada para sus desplazamientos y para juegos o reuniones sociales y que se ha detectado que en horas propias de los relevos laborales se produce un alto flujo circulatorio entre las carreteras N-550 y PO-531 en Alba.
También detecta otro problema relacionado con el uso de navegadores GPS, que envían a los usuarios a esta vía a pesar de que no es apta para vehículos de grandes dimensiones y es incapaz de asumir mayor flujo circulatorio que el de los propios vecinos del lugar. Esto provoca que la circulación llegue a cortarse en numerosas ocasiones al cruzarse dos vehículos o por el paso de camiones.
Tras enumerar todas estas deficiencias, Tráfico propone la reordenación del flujo circulatorio con un itinerario alternativo y una actualización de la señalización restringiendo el uso de la vía en función del peso y las dimensiones. Propone impedir el paso a vehículos de más de 3,5 toneladas de peso y 2 metros de ancho.
Otra propuesta es que se señalice el paso frecuente de peatones, que se limite la velocidad a 20 kilómetros por hora y que se señalice que se limita la circulación a servicios y residentes.