La situación actual del número 10 de la calle Sierra causa temor entre residentes y propietarios de los inmuebles situados a cada uno de los lados. Tan solo tiene la estructura y la fachada y desde el año 2020 está vallado por peligro de desprendimientos. Desde entonces, están preocupados por un "riesgo de derrumbe" y ese miedo es mayor desde que la pasada semana una de las vigas cayó y dejó un agujero en la pared lateral de sus vecinos.
"Lleva muchos años en ruinas y se han ido cayendo vigas porque se va deteriorando. Hace años cayó una viga y ahora la segunda", explican. La primera denuncia se remonta al año 2009 y advierten que "si siguen cayendo vigas, va a hacer que caiga el edificio y probablemente haya que desalojar a 10 familias".
El peligro, advierten, es que caiga, pero también que se desplomen los dos contiguos, que sí están habitados. Y también que vaya hacia la plaza de abastos. "La fachada corre un riesgo de caerse y puede caer hacia el mercado y matar a cualquiera que esté aquí o a unapersona que esté pasando en ese momento. Es decir, es muy peligroso", señala Lorenzo Silva.
La situación ha llevado al Concello de Pontevedra a dar un ultimátum a los propietarios. Si en los próximos días no han tomado medidas, actuará de oficio. Fuentes oficiales han confirmado que se le ha enviado un requerimiento para que actúen de forma inmediata y, si no buscan una solución, lo hará el Concello y les pasará la factura.
A preguntas de PontevedraViva, una representante de la propiedad aseguró que están "en proceso" y realizando estudios para poder apuntalar la estructura, si bien "tienes las manos atadas y vas al ritmo que puedes". Aseguran que tienen limitaciones para actuar, "no nos dejan desmontar".
Ya en el año 2020 el servicio de Disciplina Urbanística emitió una resolución en la que instaba a los dueños a colocar una valla perimetral de protección –sí se instaló- y a presentar un proyecto básico de rehabilitación del edificio y otro para sustituir las vigas actuales de madera por un sistema de estructura metálica y cambiar el sistema actual de arriostramiento de la fachada para garantizar la seguridad.
En esa resolución, el Concello advertía a los propietarios de que, si no presentaba el proyecto para cambiar las vigas en 15 días y el proyecto de rehabilitación en tres meses se procedería a la ejecución forzosa mediante multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros o asumiendo la Administración las acciones exigidas a cargo de los dueños.
Cuatro años después, esas actuaciones no se han realizado, pero, tras la caída de la última viga y el riesgo detectado en otra, el Concello sí ha decidido actuar. Es justo lo que piden los vecinos, celeridad y que les busquen soluciones, pues cuando se cayó la primera viga ya pidieron la implicación municipal sin éxito. Ahora, han solicitado una reunión con los responsables municipales y avisan de que, si en tres meses no está solucionado, judicializarán el tema.
Uno de estos vecinos, Lorenzo Silva, que reside junto a Mar Prieto y sus dos hijos en el edificio contiguo, se queja de que tras aquella caída de años atrás un trabajador municipal "le llegó a decir a mi pareja que lo mejor que podíamos haber hecho era no comprar aquí, es decir, todavía la culpa es nuestra por haber comprado en un edificio que está bien y no culpa del que no del que está dejando el solar abandonado".
Esta nueva viga que se ha caído ha dejado un agujero en la fachada de su edificio, en el bajo cubierta, y los bomberos y policías que acudieron a la zona ante la alerta vecinal incluso estuvieron valorando la necesidad de desalojar el edificio. Silva advierte de que los peligros son mayores si se cae otra de las partes de la estructura. "Si se cae alguna de las otras, nos abre una ventana".
Al respecto, Plácido Areán, presidente de la comunidad de una de las dos construcciones contiguas, recuerda que cuando se cayó la primera viga "creyeron que era un temblor de tierra" y la semana pasada, de nuevo, sufrieron "un susto" a las nueve de la noche. Además, advierte de que están sufriendo humedades a pesar de que ellos mismos asumieron la colocación de aislante.
Las quejas vecinales van destinadas también a otras circunstancias como que la parcela está totalmente abandonada, llena de hierba, con la posibilidad de un incendio, y la inseguridad que se genera por la presencia de indigentes o de jóvenes haciendo botellón que generan suciedad o mal olor. Y también critican que las vallas están invadiendo la vía pública y hay personas que se cuelan y "hay botellas, defecan, orinan y lo tienen hecho una pocilga".
En este punto, se muestran muy críticos con la inacción del Concello, pues "esa imagen que tanto venden de la Pontevedra bonita, para los ciudadanos es completamente falsa, en Rúa Serra y Rúa César Boente es una auténtica vergüenza verlo".
También apuntan al posible "abombamiento" de las otras dos edificaciones, de modo que "hay peligro para las estructuras de los edificios colindantes, donde sí vivimos muchas familias y donde tenemos hechas las inversiones de nuestras vidas". Y habría entre 10 y 15 personas afectadas.
En el número 8, estos problemas empezaron hace más de 15 años. Begoña Pacheco tira de documentación y muestra ya un informe de 2009 realizado tras una reclamación presentada a raíz de un proyecto de rehabilitación del año 2006. Tras tirar el tejado y vaciar el interior, "empezaron a aparecer grietas y humedades". Siguen con ellas.
