Los representantes sindicales Enrique Araújo (STAJ), Fina Iglesias y Pablo Valeiras (ambos de Alternativas na Xustiza-CUT) comparecieron este martes en la Fiscalía de Pontevedra en el marco de las investigaciones abiertas por presuntas coacciones a compañeros funcionarios del sector de la justicia durante la huelga de trabajadores de los últimos meses y se negaron a responder a las preguntas del fiscal.
El caso lo lleva el fiscal jefe de la Audiencia de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, que les citó en calidad de investigados por un delito de coacciones tras haber tomado declaración también a sus presuntas víctimas en una serie de enfrentamientos entre trabajadores registrados en varias sedes judiciales el día en que los funcionarios estaban llamados a votar un preacuerdo con la Xunta de Galicia para poner fin a dos meses de huelga.
Un delegado sindical de Ourense denunció los hechos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y existen vídeos y fotos realizadas por trabajadores y medios de comunicación en las que se ven esas supuestas coacciones. Sin embargo, los afectados no acreditaron ante el fiscal que se sintiesen amenazados.
En su comparecencia de este martes ante el fiscal jefe, los tres sindicalistas investigados ni siquiera llegaron a hablar sobre los hechos, pues, según fuentes de la Fiscalía, se acogieron a su derecho a no declarar.
Tras haber hablado con todas las partes implicadas, el fiscal deberá tomar una decisión sobre si continúa adelante con las diligencias o no.
Días atrás, los tres sindicalistas investigados habían negado tales coacciones y aseguraron que "estamos tranquilos porque sabemos que dos feitos que nos imputan non ocorreu absolutamente nada". En concreto, Enrique Araújo insistió en que no hubo "ningún tipo de coacción" a los miembros de la mesa electoral, ni a los representantes de otros sindicatos, "non se lle pediu o voto a ninguén nin se tentou presionar absolutamente a ninguén para que cambiase o sentido do seu voto".
Enrique Araújo también reprochó a la Fiscalía que esté "actuando como unha parte implicada neste proceso" y criticaron las actuaciones que está llevando a cabo, algo que su compañero Pablo Valeiras no ha dudado en calificar de operación de "caza e captura de tres sindicatos que estivemos en contra do preacordo" y que ha enmarcado en un "xogo de poder".