Trabajadores de ENCE intentan sin éxito forzar una reunión con Pedro Sánchez: "la voluntad de diálogo es nula"

Pontevedra
01 de octubre 2021
Actualizada: 19:22

Alrededor de 200 trabajadores de los dos comités de Ence se manifestaron en el puente de entrada a A Toxa y entregaron un manifiesto al equipo del presidente. La responsabilidad del cierre la sitúan en el tejado del Ejecutivo centra: "es quien tiene la responsabilidad de buscar una solución jurídico administrativa"

Protesta de trabajadores de Ence y empresas auxiliares en el Foro que se celebra en A Toxa
Protesta de trabajadores de Ence y empresas auxiliares en el Foro que se celebra en A Toxa / Trabajadores auxliares Ence

"Vemos la voluntad clara del Gobierno y la voluntad del Gobierno es el cierre". Con esta frase resumía este viernes su frustración Ana Cedeira, la presidenta del comité de empresa de oficinas de Ence, tras haber intentado forzar una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechando su presencia en A Toxa con motivo de su participación en el ‘Foro La Toja’.

Alrededor de 200 trabajadores de los dos comités de Ence en Pontevedra, del sector forestal y de las empresas auxiliares se manifestaron en O Grove. Su intención era acudir hasta el centro de convenciones en el que se celebra el Foro, pero los controles de seguridad realizados por la Guardia Civil tan solo les dejaron acercarse hasta el puente de entrada a A Toxa. Allí, lograron contactar con el departamento de Protocolo de la Presidencia del Gobierno y entregarle una copia del manifiesto que los trabajadores de la sección sindical de CC.OO. van a entregar en el Tribunal Supremo con motivo del proceso judicial que sigue sobre la prórroga para la permanencia de la fábrica en Lourizán.

Según explicó Ana Cedeira (CC.OO.), logró el compromiso de que ese documento llegará al secretario personal de Pedro Sánchez para ponerle al tanto de su situación actual tras la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga concedida por el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy para la permanencia en Lourizán. También pidieron poder tener un encuentro con él "al menos de cinco minutos", pero no lo lograron.

Tras ese intento, "la sensación es de auténtica frustración", explicaban, pues "vemos que el presidente del Gobierno tiene una intención clara y es que se acate la sentencia y eso lo que va a suponer es el cierre". Así las cosas, fían todas sus esperanzas al resultado de la decisión judicial, pues "la voluntad política del Gobierno y la voluntad de diálogo es nula". 

El presidente del comité de fábrica, Toño Lafuente (CIG), señala que su intención con la protesta de este viernes era "visibilizar" el conflicto actual que existe sobre el futuro de la fábrica y la delicada situación en la que se encuentran los trabajadores. 

Ante este momento crucial, y a la espera de la resolución del Tribunal Supremo, Lafuente recuerda que están "abiertos la cualquier solución que garantice los puestos de trabajo", un mensaje en la que llevan insistiendo meses. En estos momentos, fían la solución a la mesa de diálogo abierta y señala su intención de contactar con la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para que se reactive. El pasado 10 de septiembre, en la última reunión, el compromiso fue a volver citarlos en 15 días y, a 1 de octubre , siguen sin noticias del Ministerio para la Transición Ecológica, por eso urgen avances. 

"Los tiempos  apremian", recuerda el presidente del comité de fábrica, que, además, señala que la empresa pastera portuguesa Altri acaba de anunciar la creación de una fábrica de fibras textiles a partir de madera en Galicia dentro de la apuesta de la Xunta de Galicia para los fondos europeos de recuperación Next Generation. Este proyecto aumenta todos los temores de los trabajadores.  

Para buscar una solución, "tiene que venir alguien con una propuesta seria encima de la mesa". Lafuente recuerda por ejemplo, que, esperando equivocarse, la propuesta de adherir Ence al Puerto de Marín podría tener poco recorrido porque ya hay informes contrarios del año 2005.  

En estos momentos del proceso, en el que el Tribunal Supremo debe decidir si admite a trámite el recurso contra la sentencia de la Audiencia Nacional, ven que para el Gobierno "la única voluntad que hay es la del tratado y el traslado no es posible y la empresa va a cerrar". De esta forma, la responsabilidad del cierre la sitúan en el tejado del Ejecutivo central

"El Gobierno central es quien tiene la responsabilidad de buscar una solución jurídico administrativa", recuerda Cedeira, que añade que el pasado 10 de septiembre, en la mesa de diálogo, se comprometieron a volver a citarles en 15 días y, a 1 de octubre, siguen sin noticias del Ministerio para la Transición Ecológica.

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