La lucha por la continuidad de Ence en Pontevedra ha llegado a Madrid. Unas seiscientas personas, entre trabajadores de la compañía pastera, empresas auxiliares y transportistas, se han manifestado este jueves desde la sede del PSOE hasta el Congreso de los Diputados para rechazar el cierre o el traslado de la fábrica de Lourizán.
Fue el colofón a una marcha que había comenzado horas antes con la salida de centenares de camiones y vehículos ligeros desde Bergonte (Lugo), Pontevedra o Asturias.
Entre gritos de "¡Ence sí, Sánchez no!" o "¡Sánchez escucha, Ence está en lucha!", los manifestantes se han hecho oír con petardos y bocinas por las calles de Madrid hasta llegar al Congreso, a donde llegaron poco antes de las tres de la tarde.
Frente al Congreso, la presidenta del comité de empresa de las oficinas de Ence en Pontevedra, Ana Cedeira, ha criticado que un posible traslado "no es posible" porque, asegura, "se ha demostrado técnicamente".
La fábrica, según la delegada sindical, necesita una serie de condiciones técnicas que "solo se dan en su ubicación actual y que no existen en otra parte de Galicia", por lo que lamenta que abandonar su actual situación sería "condenarnos al cierre".
Los trabajadores han reiterado, a través de la intervención de Ana Cedeira, que la fábrica de Pontevedra es "modélica ambientalmente, sostenible, eficiente y rentable" y además, ha añadido, cumple "escrupulosamente" las exigencias medioambientales.
"Basta ya, con nuestros puestos de trabajo y con el pan de nuestros hijos no se juega", ha reclamado la portavoz de los trabajadores, que ha lamentado que sus puestos de trabajo estén "en riesgo" debido a una "sarta de mentiras sin base alguna".
"No vamos a dejar que nos cierren y menos que nos trasladen porque vuelvo a repetir, no es viable", ha reiterado.
Esta protesta se ha celebrado por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no defender ante la Audiencia Nacional la prórroga de la actividad de la fábrica de Ence en Pontevedra, concedida en 2016 por el ejecutivo de Mariano Rajoy en funciones, al entender la Abogacía del Estado que no fue "conforme a derecho".