El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, y el presidente de la Comunidad de Montes Vecinales en mano común de Mourente, Carlos Morgade, firmaron este lunes, en la Delegación Territorial de la Xunta en Pontevedra, el acuerdo de cesión para la ocupación de uso de espacios con destino al Hospital Montecelo.
Un acuerdo con el que "todos saen gañando", según valoran los comuneros, ya que "amosa un modelo a seguir" y demuestra que son posibles estos convenios entre las comunidades de montes y la Xunta de Galicia y otras administraciones públicas "facendo compatible o mantemento da titularidade veciñal co uso temporal, e mesmo indefinido como neste caso, para equipamentos e instalacións públicas de interese xeral".
En virtud de este acuerdo la Mancomunidad de Montes de Mourente cede, con carácter indefinido al Servicio Gallego de Salud (Sergas), el uso de los terrenos actualmente ocupados por el hospital, lo que supone la regularización de la situación de las instalaciones del complejo sanitario, después de que una sentencia judicial hubiese reconocido a la comunidad como titular de este suelo.
La administración autonómica abonará un canon anual por importe de 23.583 euros a la Comunidad de Montes. El acuerdo garantiza la continuidad de los servicios asistenciales y las instalaciones permitiendo al Sergas poder realizar en estos terrenos todas las instalaciones, construcciones, edificaciones y mejoras vinculadas al destino de la parcela que sean necesarias para la atención sanitaria de la población de su área, lo que supone el mantenimiento de la atención sanitaria a la población que se viene prestando hasta el momento.
Desde la Comunidad de Montes de Mourente valoraron "moi positivamente" este acuerdo, que "supón un exemplo de entendemento entre unha comunidade de montes e a Xunta de Galicia".
Los comuneros consideran que es "beneficioso" para ambas partes, para la Comunidad de Montes porque conserva la titularidad de los terrenos y colabora en el mantenimiento del Hospital Montecelo en la parroquia "que siempre desexou" y para la Xunta, "porque regulariza unha situación de inseguridade xurídica provocada por unha sentenza xudicial".
Este no es un acuerdo muy frecuente en la gestión cotidiana de la Xunta lo que obligó a mantener reuniones, conversaciones e intercambios durante largos meses. "Houbo que superar inercias e explorar vías de entendemento de tipo xurídico, técnico e mesmo administrativo", afirman los comuneros que reconocen el trabajo de su Junta Rectora y de su asesor Calixto Escariz además del secretario xeral del Sergas, Alberto Fuentes, y los servicios jurídicos de Orlando Peña.
Finalmente, también agradecen la "voluntad política" y la contribución del conselleiro de Sanidad la del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "xa desde a súa etapa como vicepresidente" y a Rafael Dominguez, presidente del Partido Popular de Pontevedra. "Eles foron os primeiros que escoitaron e entenderon a posición da Comunidade de Montes, consideraron que había posibilidades de facer compatibles as pretensións das dúas partes e seguiron a negociación con moito interese", concluyen.