Seis autobuses se desplazaban desde Pontevedra a Santiago de Compostela este miércoles con personal de Ence que acudía hasta las puertas del Parlamento de Galicia para reivindicar sus puestos de trabajo y la continuidad de Ence en la ría de Pontevedra. También se sumaban trabajadores de empresas auxiliares sumando una cifra total de alrededor de 300 manifestantes, que cortaban el tráfico mientras en el interior del edificio del Hórreo se celebraba un tenso debate.
El Partido Popular lograba, con su mayoría, que el Parlamento gallego rechazara el "cambio de criterio" de la Abogacía del Estado en relación con su postura en el juicio sobre la prórroga de Ence. Jacobo Moreira instó al Gobierno socialista evalúe los costes que la declaración de nulidad podrá tener para el erario público en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado. Alertó de las consecuencias que la decisión tiene con la congelación inmediata de las inversiones por parte da empresa.
En contra de esta proposición no de ley del Grupo Popular votaban el PSOE, En Marea y BNG. Por los nacionalistas intervenía el pontevedrés Luís Bará, que calificó de "traizón" a Pontevedra la actitud por parte de los populares y criticó los cambios de postura del PP en relación con la empresa pastera recordándole al diputado Jacobo Moreira sus palabras cuando afirmaba, años atrás, que la fábrica tenía que cambiar de localización. Citó también las palabras del propio director de Ence que había afirmado que resultaba más fácil cambiar la opinión social que trasladar la fábrica de sitio. El diputado del BNG calificó de "delincuencia" la concesión de la prórroga en su momento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, momento en que desde la grada popular se relacionó a los nacionalistas con Otegui y se les acusó de pertenencia a banda armada.
Mientras que Bará abogó por una nueva ubicación para generar en la ría 500 nuevos puestos de trabajo en turismo y marisqueo, el popular Jacobo Moreira respondió que lo mejor para el tejido socioeconómico de Pontevedra en estos momentos es que haya trabajo y afirmó que no entendía cómo la Abogacía del Estado adopta ahora una posición distinta a la de hace dos años.
Por su parte, los socialistas también reclamaron el traslado de la fábrica pastera para garantizar los puestos de trabajo. Patricia Vilán señalaba que la Abogacía del Estado en 2012 con el PP y el Consejo de Estado en 2014, presidido por Beccaría, coincidieron en señalar que el plazo máximo de una concesión es de 75 años, por lo que el límite de la concesión finalizaría en 2033.
Vilán recordó el compromiso de Alberto Núñez Feijóo en el año 2009 cuando se comprometía a trasladar la empresa dentro de la comarca. Desde el PSOE piden la convocatoria de una mesa de diálogo entre el Gobierno de España, el Concello de Pontevedra, Ence y los colectivos afectados para estudiar el traslado.
Por parte de En Marea, Marcos Cal le recordó al PP que con su propuesta pretende que se favorezca el incumplimiento de la ley para defender los intereses del consejo de administración de Ence, donde se encuentran dos ex altos cargos populares como Isabel Tocino y Carlos del Álamo. Indicó también que se están falseando los puestos de trabajo directos que se ven afectados en la empresa, señalando que se reducen a 209 y lamentó que los populares hablen de inseguridad jurídica cuando todo se deriva de una decisión irregular del Partido Popular al conceder la prórroga incumpliendo la ley.