El conductor de un autobús de una empresa de Cáceres está siendo investigado por la Guardia Civil, como presunto autor de un delito de falsedad documental.
Según han informado fuentes oficiales del Instituto Armado, este chófer utilizaba un interruptor que influía en los parámetros del tacógrafo que controla el tiempo de conducción y descanso del trabajador.
La Guardia Civil subraya la importancia de respetar los tiempos de conducción y descanso establecidos para los conductores profesionales, para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía y proteger las condiciones laborales de los conductores.
Estas mismas fuentes detallan que los hechos que se investigan tuvieron lugar el pasado sábado 5 de octubre, cuando una patrulla del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Pontevedra realizaba un control de transportes de viajeros en la PO-316, a la altura de O Grove.
El conductor, de 33 años, vecino Cáceres, circulaba transportando a 56 personas que se dirigían a la Festa do Marisco, desde diferentes localidades extremeñas.
Durante ese control rutinario, los agentes descubrieron que el conductor estaba utilizando un tacógrafo digital manipulado. Esta trampa permitía registrar períodos de descanso mientras el vehículo estaba en movimiento, lo que eludía la detección de infracciones.
El dispositivo estaba instalado en la cabina del autocar y derivaba con un cable guiado hasta la caja de cambios del vehículo donde se producía la alteración de los parámetros dando lugar a la manipulación de éste.
El vehículo fue trasladado a un Centro Técnico Autorizado de Tacógrafos, donde se confirmó la manipulación que anulaba los registros de conducción y velocidad.
Esta técnica es especialmente preocupante porque permite a los conductores alargar ilegalmente sus jornadas laborales y reducir sus tiempos de descanso, lo que pone en riesgo la seguridad vial y afecta negativamente al sector del transporte.
La investigación de este conductor, al cual se le atribuye la comisión de un supuesto delito de falsedad documental, forma parte de las diligencias instruidas por el Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Pontevedra, las cuales pudieran conllevar penas de prisión de hasta tres años y multas de hasta doce meses.