Las distintas fuerzas sindicales esperan que se abra la negociación con la Dirección Xeral de Xustiza sobre las relaciones de puestos de trabajo derivadas de los cambios que promueve la Ley 1/2025 de medidas en materia de eficiencia de este servicio público.
Tras meses de tramitación parlamentaria, y muchos más de negociación sindical, se aprobó en el Congreso y hubo acuerdo entre el Ministerio de Justicia y cuatro organizaciones sindicales, CSIF, STAJ, UGT y CIG.
La aprobación de esta norma tiene por objetivo la modernización de la Administración de Justicia, algo que en el caso de Galicia "es muy necesario porque es sin duda la más arcaica de todo el país", afirma Josefa Iglesias de la Campa, delegada sindical de CIG-Xustiza, "sin punto de comparación con otras como la Administración General del Estado, a la justicia aun no llegó la era digital, y mucho menos a la justicia gallega".
La nueva ley pretende que la Administración de Justicia sea más eficaz, creando unas oficinas judiciales de unas mayores dimensiones, en las que será más posible la especialización, y en la que el expediente digital será una figura imprescindible.
Como gran novedad, la ley de eficiencia procesal crea los tribunales de instancia en sustitución de todos los juzgados unipersonales. Permaneciendo las Audiencias Provinciales y el Tribunal Superior de Justicia.
En la provincia de Pontevedra, la ley crea Tribunales de Instancia en Caldas de Reis, Marín, Cambados, Ponteareas, A Estrada, Tui, Cangas, Lalín, Redondela y O Porriño, en todos ellos con una sección civil y de instrucción.
En Pontevedra, crea un Tribunal de Instancia con nueve secciones, las mismas que Vigo añadiendo la de Menores.
En Vigo, crea un Tribunal de Instancia con ocho secciones: la civil, la de instrucción, la de familia, infancia y capacidad, la del mercantil, la de violencia, la del penal, la de lo contencioso-administrativo y la del social.
En la negociación sindical, culminada con el acuerdo firmado el pasado día 8, se pactó que la Administración deberá crear áreas en esas secciones cuando el número de plazas judiciales supere las 12 y a su vez en esas áreas deberá haber equipos cuando el número de efectivos supere los 50.
Esto supone mantener la posibilidad de movilidad del personal funcionario. El acuerdo también asegura el mantenimiento del mismo número de plazas de personal funcionario y que no se producirán traslados forzosos de localidad. Asi mismo se pactó aumentar el porcentaje de plazas que se ofertarán para la promoción interna. Finalmente recoge la regulación básica del teletrabajo, siendo la Administración de Justicia la única en la que hasta ahora no estaba previsto.
La nueva ley, que incluye diversas reformas procesales, entra en vigor dentro de tres meses. Es decir, el próximo 3 de abril. Con todo, la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas judiciales que den servicio a la nueva organización requiere de la aprobación de un reglamento de desarrollo para lo cual el Gobierno cuenta con un plazo de seis meses. La ley obliga al Ejecutivo a negociar con los funcionarios de justicia todas las cuestiones que afecten a sus retribuciones y demás condiciones laborales (jornada, horarios, carrera....).
De este modo, y si la negociación no encalla, el reglamento que establezca los detalles de la nueva distribución de los tribunales podría estar listo dentro de nueve meses, es decir, el próximo 3 de octubre.
Con todo, la ley fija una serie de fechas en el calendario del 2025 para que la constitución de los tribunales de instancia se realice de manera escalonada.