Más de dos meses después de los llamativos registros que volvieron a poner de actualidad el caso de la desaparición de Sonia Iglesias, la investigación sigue sin avances notorios y con todas las miradas de los investigadores puestas en una fecha: el próximo 15 de mayo. Ese día se termina el secreto de las actuaciones que afecta a las diligencias tecnológicas que se están realizando.
La causa por la desaparición de Sonia Iglesias en agosto de 2010 permanecía archivada provisionalmente desde abril de 2015 y se reabrió a mediados del año 2017. Pese a que llevaban meses de indagaciones judiciales y policiales, está decretado el secreto de las actuaciones, de modo que esta reapertura no se dio a conocer hasta el pasado 20 de febrero, cuando decenas de agentes de la Policía Nacional realizaron un llamativo registro en una vivienda y una finca propiedad de la familia de la ex pareja de Sonia Iglesias, Julio Araújo, en la calle San Mauro.
Al día siguiente, ese registro se repitió en la propiedad y se realizó otro en un vehículo propiedad de quien en el año 2010 era pareja del hermano de Julio, David Araújo, que lleva tiempo inutilizado en un taller de Vilalonga (Sanxenxo). Además, ese mismo día, el miércoles 21 de febrero, se daba un paso que parecía clave en la causa, Julio y David Araújo fueron citados en la Comisaría de la Policía Nacional en calidad de investigados en la causa.
Tras una semana frenética de prática de pruebas y declaraciones, llegó la calma, el momento de analizar todo lo recabado, tanto en los laboratorios de la Comisaría de Pontevedra como en las instalaciones de la Policía Científica en Madrid. Más de dos meses después, fuentes judiciales han indicado que algunas de esas pruebas ya se han analizado y han llegado los resultados, pero no han aportado nada de relevancia a la causa.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pontevedra acordó la reapertura de la causa tras recibir una contundente información judicial y, siempre en coordinación con la Fiscalía y el fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, autorizó esos registros conocidos y otras diligencias cuyos detalles no han trascendido. Fuentes del caso sí han indicado que algunas de esas pruebas tienen caracter tecnológico y son, precisamente, las que llegan a una fecha clave este mes de mayo.
Fuentes conocedoras del caso han explicado que esas medidas se acordaron, como marca la ley, por un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la intervención, si bien "es susceptible de ampliación y prórroga, previa petición razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella".
Ese primer plazo de tres meses de la medida se agota, de modo que habrá que acordar un prórroga o la diligencia finalizará.