No se trata de ninguna coincidencia, afectados por las preferentes y funcionarios de Justicia han vuelto a sumar sus protestas en una misma convocatoria, consientes de que "la unión hace la fuerza".
En una primera movilización a las 11.30 horas en el edificio judicial de A Parda y en una segunda convocatoria a las 12:30 horas ante la Audiencia Provincial ambos colectivos se movilizaron, compartiendo consignas y abucheos, aunque cada uno detrás de su propia pancarta. Entre los empleados públicos y los ahorradores congregaron a cerca de doscientas personas.
Portavoces de los sindicatos de funcionarios explicaron que el motivo de estas nuevas movilizaciones se resume en la "demolición de la administración de Xustiza, al igual que pasa con todo el público".
En esta caso en particular es contra la Privatización del Registro Civil, que supondrá la "pérdida de empleo, y hará que los ciudadanos tengamos que pagar por las certificaciones de defunción, nacimiento, fe de vida, se pagará por los matrimonios civiles, libros de familia, duplicados, entre otros".
Otro frente abierto es el Partido Judicial Provincial "amortización de plazas, cierre juzgados de paz y Mixtos de las ciudades, inclusive Vigo. Con toda la repercusión que tendría sobre los ciudadanos, traslados, contratación de abogados o gestorias", señalaron.
Por supuesto también los recortes salariales "a mayores de la paga extra nos suprimieron parte de un complemento que el año equivale entre 820-1.100 euros según el cuerpo" y también la "amortización de plazas en Galicia". Pues denuncian que "existe un plan de amortización de plazas en la administración de Justicia en Galicia que de momento afecta fundamentalmente a las Audiencias, Juzgados de Paz, del Contencioso y de Instrucción ".
Y finalmente la protesta se dirige contra las tasas judiciales "todos los ciudadanos tendremos que pagar por poder reclamar un derecho legitimo, los de las preferentes es el más evidente. Muchas veces tendremos que valorar sí el derecho a reclamar es rentable o no ", resumieron los representantes sindicales.
Por su parte entre los portavoces de los afectados por los productos tóxicos de NovaGalicia alertaron de la "previsible avalancha de demandas judiciales cuando finalice el plazo para la solicitud de canje".
En este sentido, el anterior presidente de la Audiencia de Pontevedra, Manuel Almenar Belenguer, en la actualidad vocal del Consejo General del Poder Judicial, declaró este martes en A Coruña que la previsión que maneja este órgano judicial para principios de septiembre, es que los tribunales gallegos tengan entre 10.000 y 20.000 denuncias por este asunto.