Una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) de junio de 2022 acaba de forzar al Tribunal Supremo a revisar la orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) sobre los chalés de la polémica urbanización de Mar Tambo, en Chancelas, Poio, en pleitos desde hace años.
La propietaria de uno de los chalés afectados recurrió al Tribunal de Estrasburgo alegando vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en su aspecto del derecho a un proceso equitativo, pues el TSXG no le dejó participar en el procedimiento judicial que finalizó con una orden para demoler parcialmente su vivienda y una multa por incumplirla.
El TEDH concluyó que esta propietaria compró su vivienda cuando ya se había iniciado el proceso sancionador y, pese a ser dueña ya, no hay indicios de que ese procedimiento del año 2009 le hubiera sido notificado. De esta forma, los tribunales españoles la privaron del derecho a la tutela judicial efectiva.
A la vista de esa sentencia de Europa, esta mujer presentó en el Supremo una demanda de revisión contra el fallo del TSXG, por entender que era el único cauce idóneo para conseguir la reparación de ese derecho fundamental vulnerado.
En una sentencia del 7 de octubre, el Alto Tribunal español estima esta demanda, rescinde la sentencia del Alto Tribunal gallego y devuelve el caso a Galicia para que se revise. Por lo tanto, esa orden de derribo de 2009 hay que revisarla y esta propietaria podrá ejercer sus derechos ante el TSXG a la hora de alegar sobre la demolición.
Esta reciente resolución ha generado satisfacción entre los propietarios de estas viviendas. Uno de los afectados, Xose Ríos, ha explicado a PontevedraViva que les "congratula" esta resolución después de "diez años de multas" y confían en que ahora que existe esta decisión y el caso se va a revisar, la Xunta suspenda la orden de derribo que está en tramitación.
Así, esperan que el Gobierno gallego comunique al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Pontevedra que existe esta nueva sentencia y que se paralice a la espera de resolución.
Según explica Xosé Rios, calculan que hay ya 400.000 euros en multas coercitivas de los distintos propietarios y esta situación les ha generado "situaciones complicadas". Así, uno de los dueños ya ejecutó el derribo parcial, otros sufrieron embargos a raíz de las multas y dos acabaron embargados por no pagar hipotecas y sus casas fueron subastadas y adquiridas de nuevo.
Ha sido "un camino muy largo" en el que entienden que "la Xunta no actuó bien" por tres motivos: no supervisó como debería la construcción, que invadió la servidumbre marítimo-terrestre "delante de sus narices"; no comunicó a las personas que compraron de buena fe que sobre esas viviendas había un expediente urbanístico; y no notificó a la dueña de este chalé que su propiedad estaba siendo objeto de una causa judicial.
Además, recuerdan que en la actualidad existe nueva jurisprudencia que podría dar la vuelta a este caso.
La Xunta de Galicia abrió expediente contra la promotora de esta urbanización en 2004 por la construcción de viviendas unifamiliares en terrenos situados en zona de protección del dominio público marítimo terrestre sin la debida autorización. Esta propietaria compró uno de esos chalés en febrero de 2006 sin saber que estaba afectado por el expediente de disciplina urbanística entonces en tramitación.
Meses después, en junio de 2006, el Gobierno autonómico determinó que había una infracción grave de la Ley de Costas e impuso a los promotores una sanción de multa de 207.365 euros y la obligación de reponer los terrenos a su estado inicial anterior a las obras, con la consiguiente demolición.
El caso acabó en el TSXG, que en 2009 confirmó la sanción y el derribo. La sentencia ya es firme, pero esta propietaria empezó su propia batalla legal porque no fue notificada ni tuvo intervención. Primero promovió un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones ante el TSXG, luego acudió al Tribunal Constitucional y acabó finalmente ante la Justicia europea.