El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y la presidenta de la Asociación Rexurdir Provincial, Ángeles Guisán Seijas, acaban de firmar un convenio de colaboración por el que la Xunta aportará 27.336 euros a la asociación pontevedresa para que puedan desarrollar de programas de incorporación social a pacientes con trastornos adictivos.
Al amaparo de este convenio, el pasado año fueron atendidos por esta asociación un total de 121 usuarios, de los que 94 eran hombres y 27 mujeres.
Las iniciativas en el ámbito de la incorporación social se desarrollarán a través del Programa de Atención Jurídico Social que deberá ser dirigido a la atención integral de las personas con trastornos adictivos y problemática legal añadida, prestándoles ayuda técnica en relación a trámites jurídicos.
La prestación de los mencionados servicios se llevará a cabo por parte de los profesionales que integran los equipos en los diferentes dispositivos de la asociación.
En el presente año, la Xunta destinará 447.000 euros al desarrollo en el conjunto de Galicia del Programa de Atención Jurídico Social que en el año 2024 posibilitó ayudar la 1.995 personas gracias a siete asociaciones sin ánimo de lucro.
Tal y como se recoge en el convenio firmado, la asociación Rexurdir Provincial se compromete a cumplir las directrices e instrucciones de coordinación y programación dispuestas por el Servizo Galego de Saúde (Sergas) a través de la Subdirección Xeral de Atención á Saúde Mental, coordinándose, además, con otros centros, servicios y programas recogidos dentro del Plan de Galicia sobre Drogas.
El perfil social de estas personas es variado, pero gran parte de ellas presentan dificultades adicionales para su incorporación social, al estar incursas en procedimientos judiciales que pueden comportar un ingreso en prisión y dificultar así sus procesos de recuperación.
Las complejas situaciones y circunstancias derivadas de las adicciones necesitan de instrumentos de asesoramiento y orientación técnica y profesional por un equipo multidisciplinar y experto en la materia, para prestar cobertura en todas las situaciones personales, sociales y judiciales en las que se vean involucrados, optimizando la canalización del usuario al recurso de la red asistencial más adecuado.
En consecuencia, a través de este convenio se facilita la atención integral a las personas con conductas adictivas y problemas legales, proporcionado cobertura de apoyo y documental al ámbito judicial (juzgados, comisarías, prisiones…), tanto a usuarios como a jueces, fiscales, abogados y a la propia institución penitenciaria.
Asimismo, dicho programa actúa como puerta de entrada en los recursos clínico-asistenciales.
