Como ya estaba previsto, los representantes de las diputaciones de Pontevedra, A Coruña y Lugo descartaron este viernes la propuesta de la Xunta de Galicia de aplicar mejoras a la cobertura de las emergencias.
La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, mantenía un encuentro con representantes de estas tres instituciones provinciales y de la FEGAMP, que optaban por renovar por un año el actual convenio de colaboración con la Xunta en materia de emergencias y prevención y defensa contraincendios forestales para el desarrollo de los Grupos de Emerxencias Supramunicipais (GES).
El gobierno gallego había propuesto incluir mejoras para fortalecer la cobertura de las emergencias y las condiciones de los integrantes de los GES, según exponen. La pretensión de la Xunta era aplicar a todas las provincias un incremento del personal para que los concellos subsede de GES ampliaran su personal hasta los doce efectivos, si así lo deseaban; equiparar al resto de GES el coste de los cuatro servicios municipales de emergencias de la comunidad, entre los que se encuentra Sanxenxo; y actualizar el coste salarial de los grupos y crear un subGES con seis efectivos en O Grove, una decisión que ahora ya no se pondrá en marcha, según anuncia el ejecutivo autonómico.
Desde la Xunta indican que la atención a las emergencias es una competencia de carácter local, que corresponde a los municipios de más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales en los concellos de menor población. Según señalan, el gobierno gallego asume más de la mitad del coste anual de estos grupos y ha invertido en los últimos años más de 40 millones de euros en su mantenimiento y otros siete millones para dotarlos del equipamiento necesario para acometer sus intervenciones con seguridad.
En el último pleno de la Deputación se debatía este tema al presentar una moción el Partido Popular, que fue rechazada por el PSOE y BNG. El diputado responsable del área, Carlos López Font, manifestaba que se negaban a aceptar la propuesta de la Xunta porque se trata de una "imposición" y que el ejecutivo gallego se niega a asumir el 60% del presupuesto de los GES.