Refuerzan la vigilancia policial sobre el cumplimiento de las restricciones aprobadas por la covid-19

Pontevedra
26 de octubre 2020

Así, este lunes la presencia policial en las calles de Pontevedra ha sido constante. Uno de sus principales cometidos fue recordar a los clientes de la hostelería que el uso de la mascarilla, tanto en el interior de los establecimientos como en las terrazas, es obligatorio en todo momento

Vehículo de la Policía Local en la calle Michelena Mónica Patxot

Las restricciones impuestas para frenar los contagios de la covid-19 han ido acompañadas de un refuerzo en la vigilancia policial para que los ciudadanos cumplan con las medidas aprobadas. Así, este lunes la presencia policial en las calles de Pontevedra ha sido constante.

Uno de sus principales cometidos fue recordar a los clientes de la hostelería que el uso de la mascarilla, tanto en el interior de los establecimientos como en las terrazas, es obligatorio en todo momento. Solo se podrá quitar en el momento exacto de beber o comer.

Además, los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local han extremado el control sobre el uso de la mascarilla en la calle o la prohibición de reuniones de más de cinco personas, el límite máximo fijado en Galicia por el gobierno autonómico.

En los últimos días, según ha explicado la portavoz del gobierno municipal, Anabel Gulías, seis personas han sido denunciadas por la Policía Local por no hacer uso de la mascarilla. 

Ningún negocio comercial ni de hostelería ha recibido denuncia alguna este fin de semana por incumplir las restricciones aprobadas por las autoridades sanitarias.

Con respecto a actuaciones relacionadas con la pandemia, el gobierno municipal de Pontevedra ha aprobado destinar casi 130.000 euros a la adquisición de materiales de higiene y protección como mascarillas, desinfectantes o equipos de protección individual.

El suministro de todo este material estará regulado por un contrato que acaba de ser licitado por el Concello y que tendrá una vigencia de un año, aunque se prevén prórrogas anuales hasta un máximo de cinco años.