Abanca ha anunciado el cierre de oficinas en Poio, Marín, Pontevedra, Cerdedo-Cotobade, Campo Lameiro o Moaña en las próximas semanas. Este anuncio ha provocado la reacción de las corporaciones y también de las distintas formaciones políticas. Es el caso del BNG, que este lunes mantenía un encuentro entre el diputado nacionalista Luís Bará y representantes de los concellos de las comarcas de Pontevedra y O Morrazo que se ven afectados por estos cierres.
En esta reunión se decidió iniciar una ofensiva tanto a través de mociones y propuestas en el Parlamento de Galicia y en los plenos municipales como con movilizaciones sociales y sindicales para intentar poner freno a esta situación. Luís Bará indicó que se trata de una exclusión abusiva por parte de la entidad bancaria y culpó a Alberto Núñez Feijóo y al Partido Popular de apadrinar este cierre. Por este motivo, pedirán que la Xunta presione a la dirección de Abanca para evitar esta decisión anunciada.
La intención por parte del BNG es que estas iniciativas con protestas en las zonas afectadas se desarrollen cuanto antes ya que el 8 de septiembre está previsto que se ejecuten los primeros cierres de oficinas. Bará indicó que existe un proceso continuado, sistemático y planificado de concentración bancaria, de privatización, con despidos y precarización laboral que está provocando una aceleración de los abusos hacia la clientela.
El diputado autonómico afirmó que esta situación afecta a una parte importante de la población por razones económicas, geográficas y de acceso a las nuevas tecnologías. En este sentido, señaló la reducción del horario de atención al público, pactado entre todas las entidades bancarias, que solo llega hasta las 11.00 horas y que provoca aglomeraciones y empeoramiento en la atención; además del aumento de las comisiones bancarias y la rapidez en la instalación de la banca electrónica que excluye a una importante parte de la población.
Bará afirmó que este proceso cuenta con la complicidad de la Xunta de Galicia al convocar una línea de ayudas de 700.000 euros para instalar cajeros automáticos allí donde se cierran las oficinas.
El diputado nacionalista califica como "obscena e escandalosa" la decisión de cerrar oficinas por parte de entidades financieras que obtuvieron beneficios millonarios en 2020. En concreto, recordó que Abanca obtuvo 137 millones de euros de beneficio; Banco Santander, 1.608; y BBVA, 1.2010 millones de euros, para añadir que la banca no devolvió las ayudas públicas de su rescate, que superó los 60.000 millones de euros; de los que 9.0000 corresponden a las antiguas cajas que conformaron Abanca.
Al encuentro asistieron Marga Caldas, concejala de Poio; Demetrio Gómez, responsable comarcal del BNG en Pontevedra-Caldas; Anxo Santomé, responsable local de Cerdedo-Cotobade; César Tosar, del BNG de Campo Lameiro; la concejala en Moaña, Dolores Chapela y la concejala y responsable local de Marín, Lucía Santos.